Los inspectores de Hacienda declaran la guerra al Gobierno y a Gestha por insistir en los ascensos a dedo

Nueva andanada de los inspectores de Hacienda contra el Gobierno, al que ha declarado la guerra abierta por aprobar una "carta blanca" para aprobar nombramientos y ascensos de funcionarios "a su antojo", algo "sin precedentes", en la historia reciente de la Administración Pública, "que han querido disimular durante esta tramitación», pero que no ha pasado inadvertida para nosotros, para que el Gobierno, arrogándose una competencia, que corresponde al legislativo, para modificar, crear o suprimir a su antojo la actual organización de la Función Pública". Con esta claridad, la Asociación Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) ha vuelto a manifestar su "rotundo" rechazo al proyecto de Ley que se está tramitando actualmente en las Cortes Generales por “socavar, gravemente, los principios constitucionales sobre los que se asienta la Administración Pública» y que «redundará en una deficiente y politizada prestación de los servicios públicos y en el nombramiento de funcionarios a dedo».

Los inspectores de Hacienda consideran que el proyecto de ley sustituye un sistema de selección de los funcionarios "basado en los principios de una formación altamente cualificada y un funcionario ajeno a toda injerencia política", por uno "que rebaja el nivel de preparación hasta límites insospechados, y que seleccionará al funcionario que más se acerque al poder político, debiendo éste el favor en el futuro".

Por ello, reclaman que se retiren las enmiendas presentadas en el Congreso porque solo defienden "una reivindicación de un grupo de funcionarios que ejerce una presión política sin precedentes en nuestra Administración tributaria, y que pretenden ascender de categoría sin realizar los exámenes necesarios que acreditan la competencia para los niveles superiores". Aunque el sindicato de inspectores no señaló en su comunicado a los partidos que presentaron las enmiendas referidas a estos ascensos ni a los "grupos de presión conformados por funcionarios de niveles no superiores" que apoyan "a los partidos políticos 'llave' del actual Gobierno", fuentes de los funcionarios sí que señalaron a LA RAZÓN directamente al socio de Gobierno, Pedro Sánchez, Podemos, y a la formación catalana Junts, que se han apoyado en los técnicos de Hacienda del sindicato Gestha, con los que desde que se conoció el contenido de la ley se ha abierto una brecha cada vez más grande, que ha enrarecido una relación "hasta ahora de respeto".

Los inspectores de Hacienda acusan tanto a los partidos y como a los sindicatos que apoyan este cambio normativo -incluidos CC OO y UGT- de haberse erigido en "salvadores del país, por cuanto proponen que la medida de su ascenso a dedo implicaría la solución de los problemas fiscales derivados de la economía sumergida, utilizando unos datos que se alejan cada vez más del rigor de los informes emitidos por otras instituciones y economistas que gozan de reconocido prestigio y credibilidad a nivel internacional. Estas medidas, que afectan a la selección de funcionarios y, por tanto, al servicio público que se presta, implican un grave e injustificable asalto a la Función Pública, que burla los principios de selección derivados de nuestra Carta Magna", insistieron en su nota.

La asociación de altos funcionarios de Hacienda ve "especialmente grave" la Disposición Adicional Séptima recogida en este proyecto, por la cual se otorga una "carta blanca sin precedentes" para que el Gobierno pueda modificar, crear o suprimir la actual organización. Desde la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado se advierte de que el proyecto de ley de Función Pública, de salir adelante, "romperá rotundamente" el modelo actual de Administración pública, habiendo sido la moneda de cambio ante la cesión de diversos grupos de presión que llevan décadas buscando su interés particular, e implicará una quiebra de difícil solución en la actual división de poderes sobre la que se asienta nuestro Estado de Derecho. España y su Administración van a ser objeto del mayor retroceso que se ha visto en un estado europeo en materia de Administración Pública", concluye el texto.

La práctica totalidad de las 43 asociaciones profesionales y sindicatos de la escala más alta de la Administración, el subgrupo A1, ya ha presentado alegaciones y recursos contencioso administrativos ante los tribunales para intentar paralizar esta ley firmada entre el Gobierno y los sindicatos mayoritarios en las escalas inferiores (CSIF, UGT y CC OO) para facilitar la promoción interna de los funcionarios a través de pruebas de acceso más asequibles, con menos temario, tipo test y con una reducción de la exigencia curricular. Los altos funcionarios de la Administración ya se han movilizado en varias ocasiones ante el Ministerio de Hacienda para reivindicar sus demandas, pero ante la "ignorancia recibida por parte del Gobierno", ya se plantean la paralización de todas las funciones ejecutivas de la Administración si no se tienen en cuenta sus demandas y no se cuenta con ellos para elaborar un nuevo acuerdo que recoja sus aportaciones, y en el caso de la la Disposición Adicional Séptima, que se atienda el cambio normativo que la desactive.