Los inversores foráneos y el BCE acumulan ya el 70% de la deuda pública

La deuda pública española ha alcanzado un nuevo récord anual, al cerrar 2024 con un total de 1,622 billones con «b» de barbaridad. Tampoco es el único hito, ya que casi el 70% de esa cantidad estratosférica, difícil de imaginar, está en poder de inversores extranjeros y del Banco Central Europeo (BCE), que preside Christine Lagarde. Significa, sin eufemismos, que las finanzas públicas españolas y, en definitiva, el Estado del Bienestar, están al albur de lo que piensen de España más allá de nuestras fronteras. Es una tendencia, ya consolidada, que se reafirma año tras año ya que, por ejemplo, en 2018 –por citar el año en el que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa–, el porcentaje de deuda pública en manos foráneas era del 50% del total, que también era 455.542 millones menos que la actual.

Los datos son concluyentes y «el algodón no engaña», como rezaba un muy popular anuncio televisivo de los años 80 del siglo pasado. Las cifras proceden de las estadísticas –las mejores y más actualizadas del Banco de España– y apuntan que 2024 cerró con una deuda de 1,622 billones de euros, que representa un 101.8% de un PIB estimado de 1,592 billones de euros, sujeto a revisión. El Gobierno de Pedro Sánchez lo celebra, aunque tampoco tira cohetes, porque significa una reducción porcentual de la deuda, aunque es un aumento de más de 40.000 millones en euros corrientes.

El enorme volumen de la deuda pública española hace que las finanzas nacionales sean dependientes, en grado extremo, del escenario internacional. El 69,93% de la deuda pública española –estatal, autonómica o local, al final todo es lo mismo– está en manos de inversores o instituciones extranjeras. Es lo que se deduce de las estadísticas del Banco de España -cuadro 11.13 del Boletín Estadístico–, con cifras del tercer trimestre de 2024, que no serán muy diferentes de las de cierre del ejercicio, que ayer todavía no estaban disponibles. Los inversores privados foráneos tienen en su poder deuda pública española por un importe de 734.732 millones de euros. A esa cantidad, ya descomunal, habría que añadir los 399.290 millones en poder del BCE, a través del Banco de España. En total son 1,134 billones de euros, que sería el 69,93% del total de la deuda pública española, a falta de los ajustes definitivos de fin de año, que apenas variarán en décimas es escenario. El resto de la deuda, 864.696 millones está en manos de las Instituciones Financieras españolas –bancos en un 99%–, colocado entre sus clientes a través de fondos de inversión, y una pequeña parte, 36.698 millones adquirido por particulares –los menos– y por otro tipo de sociedades.

La dependencia de la deuda española de los inversores e instituciones internacionales –BCE– quiere decir que las finanzas públicas nacionales dependen, sobre todo, del exterior para cuadrar las cuentas y para atender a la educación, la sanidad y las pensiones. En 2025, con o sin Presupuestos Generales, España necesita pedir en los mercados internacionales la friolera de unos 275.000 millones de euros. Una parte se destinarán a pagar los intereses de la deuda contraída, otra a pagar la deuda que vence y una última a atender a los servicios citados. Un círculo más que vicioso, consisten en endeudarse para pagar, devolver la deuda y cubrir los costes deficitarios. El problema, advertido en los últimos días por BBVA, CaixaBank, el Consejo General de Economistas y numerosos expertos, entre los que destacaría el socialdemócrata José Carlos Díez, es que en un momento determinado los mercados dejen de creer en España, reclamen muchos más intereses para prestar dinero o, como ya ocurrió en la Gran Recesión, dejen de comprar deuda pública española. El gran temor es que, en un escenario internacional muy incierto, es que las primas de riesgo se disparen y los mercados dejen de financiar ese 70% de deuda pública española.