Javier Gómez Vergel: «Una agencia tributaria catalana es improcedente»

Javier Gómez Vergel acaba de ser nombrado presidente de los Técnicos de Hacienda (Gestha) durante la Asamblea que este colectivo, el más representativo dentro del Ministerio y de la Agencia Tributaria, ha celebrado esta semana en La Coruña. Toma el testigo de Carlos Cruzado, quien durante sus 20 años en el cargo ha consolidado a esta organización como una de las voces más reconocidas en materia económica y fiscal. Licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla, completó su formación económica en la Escuela de Organización Industrial (EOI) y jurídica en la Universidad Complutense de Madrid, donde se especializó en Estudios Avanzados en Derecho Financiero y Tributario. Pertenece al Cuerpo Técnico de Hacienda desde 2008 y ha desempeñado sus funciones en las Delegaciones Especiales de la AEAT de Madrid y de Andalucía, Ceuta y Melilla. El nuevo presidente inició su labor en Gestha en el servicio jurídico y ha representado a la organización en diversas comisiones parlamentarias autonómicas. Reforzar la lucha contra el fraude y mejorar el control del gasto público son los principales objetivos de Gómez Vergel, quien seguirá trabajando para la creación del Cuerpo Superior Técnico de Hacienda (CSTH), con el que aumentar notablemente la capacidad de actuación de la Administración.

¿Qué objetivos se ha marcado para su etapa como presidente de Gestha?

España necesita una Administración más justa, eficaz y preparada para los retos del futuro. Para ello, apostamos por una reforma fiscal profunda y por reforzar la lucha contra el fraude y el control del gasto público. Todos estos retos requieren aprovechar los cuerpos técnicos de la AEAT y el Ministerio de Hacienda, reconociendo consecuentemente sus funciones y abordando sus problemas. Ese es nuestro principal objetivo, así como asegurar un adecuado relevo generacional ante las numerosas jubilaciones que se producirán en los próximos años.

¿Qué tipo de perfil joven buscan incorporar y qué medidas propone Gestha para conseguir atraerlo?

La aplicación del sistema tributario y la fiscalización del gasto público son pilares esenciales del Estado que requieren profesionales de excelencia. Y para atraer a los mejores es necesario ofrecer una carrera profesional real, posibilidades amplias de movilidad basada en mérito y capacidad, retribuciones acordes a las funciones e incompatibilidades, opciones amplias de teletrabajo y conciliación, así como opciones de promoción interna real que valoren la experiencia.

Su Congreso se ha centrado este año en la necesidad de impulsar una reforma fiscal integral. ¿Cuáles deberían ser sus líneas maestras?

La reforma del sistema tributario es una asignatura pendiente en España. Debe ser completa para poner fin a los parches que se suceden desde hace años y debe también garantizar la suficiencia del sistema y su equidad, reforzar la progresividad, como predica la Constitución, aumentar la seguridad jurídica de los contribuyentes y reforzar la lucha contra el fraude.

¿Considera que el sistema tributario español está respondiendo adecuadamente a los desafíos actuales, como el déficit público, el gasto social o la inversión productiva? ¿Es eficiente?

Las insuficiencias en ciertos servicios públicos esenciales o los escándalos de corrupción que periódicamente sufrimos son claros síntomas de que hay mucho margen de mejora en materia tanto de ingresos como de eficiencia y control del gasto público. Para estos desafíos resulta determinante el trabajo de los técnicos.

La presión fiscal en España se ha incrementado cerca de 3 puntos del PIB, ¿es partidario de continuar subiéndola?

La meta es lograr un Estado del bienestar capaz de hacer frente a las necesidades del presente y los retos del futuro, para lo que debe existir suficiencia financiera. Dicha suficiencia se puede lograr de varias formas. Personalmente, soy partidario de lograr el objetivo por la vía de reducir primero la enorme bolsa de fraude existente y de incrementar la eficiencia y el control del gasto.

¿Cómo valora la evolución de la recaudación tributaria en España en lo que va de 2025?

La recaudación en el primer semestre supera en un 10% a la de 2024, pero no podemos caer en la autocomplacencia: parte de esas cifras se debe a la recuperación de miles de millones de euros por la reversión de las rebajas de determinados impuestos y el incremento de otros. Preferiría que el incremento se debiera al reforzamiento de la lucha contra el fraude y la economía sumergida, que además tiene otras ventajas muy valiosas para la sociedad, como fortalecer la cultura del cumplimiento, incrementar la confianza en lo público o reducir la competencia desleal entre operadores económicos.

¿Qué margen tiene la Agencia Tributaria para mejorar la recaudación sin necesidad de subir impuestos?

Muy amplio. La AEAT puede mejorar la eficiencia de su estructura, reforzar el papel de sus cuerpos propios, devolverles competencias a los técnicos… Bien pilotado, esto conduciría a un incremento sustancial de la recaudación por la vía del aprovechamiento eficiente de sus propios recursos.

España pierde cada año entre 60.000 y 90.000 millones por fraude, según estimaciones de Gestha. ¿Ha mejorado algo esa cifra?

No sabemos si ha mejorado o no porque el propio Gobierno está incumpliendo la Ley Antifraude al no actualizar los informes sobre el impacto de la economía sumergida. De hecho, otro de nuestros objetivos pasa por actualizar esos datos. En cualquier caso, los técnicos de Hacienda somos imprescindibles para perseguir a los defraudadores, pero trabajamos con las manos atadas para abordar las principales bolsas de fraude, sobre las que no siempre se pone adecuadamente el foco.

¿Qué valoración hacen del uso de nuevas herramientas de análisis masivo de datos (big data, IA) en la detección del fraude?

Los avances que nos mejoran como organizaciones son bienvenidos, pero siempre bajo el control de los profesionales, que son quienes están formados, asumen la responsabilidad… y tienen que aplicar el sentido común

Una de las reivindicaciones históricas de Gestha es la reclasificación del Cuerpo Técnico al grupo A1, equiparándolo al de Inspectores. ¿Por qué se sigue sin resolver?

En realidad no se trata de equipararnos con ningún otro colectivo, sino de que se reconozca la realidad. Por funciones, titulación requerida y formación, así como por el régimen de incompatibilidades que se nos aplica, venimos reclamando el encuadre en un Cuerpo Superior Técnico. Los técnicos desarrollamos funciones de carácter superior en la AEAT, en la Intervención, en el Catastro… Efectuamos inspecciones, dictamos embargos, efectuamos pericias judiciales, fiscalizamos el gasto público… Es más, la distinción entre A1 y A2 es artificial. Ha perdido el sentido y su eliminación, adaptando la normativa a la realidad, es algo inexorable que debe producirse ya.

¿Qué opina de la condonación de deuda autonómica y su impacto en la equidad territorial?

Las comunidades autónomas deben disponer de recursos suficientes para el cumplimiento de las competencias que tienen asumidas y parece claro que esto no ocurre. La condonación de deuda autonómica podrá ser una forma de dar oxígeno a las haciendas autonómicas, pero no aborda la raíz del problema y tiene implicaciones negativas, comenzando por la falta de consenso entre Estado y numerosas comunidades autónomas. Sería más constructivo, útil y ejemplarizante una reforma consensuada del sistema de financiación autonómica que dotara a las comunidades autónomas de medios suficientes para sostener su gasto… y para que amorticen su deuda, en lugar de que les sea condonada.

¿Existen riesgos de fragmentación y desigualdad en el sistema tributario español si se produjera un traspaso de competencias tributarias a Cataluña?

Si lo que se cediera fuera la gestión, liquidación, recaudación e inspección de todos los tributos (o incluso de uno solo, si es de la entidad del IRPF), por definición habría fragmentación. Por lo demás, no veo cómo la atomización de competencias fundamentales sobre elementos clave del sistema tributario puede mejorar la igualdad entre los contribuyentes. Me pregunta por Cataluña, pero igual sería si se cedieran a todas las comunidades autónomas de régimen común simultáneamente: sería un traspaso igualitario para las haciendas autonómicas que conllevaría desigualdad para los contribuyentes.

¿Es viable una Agencia Tributaria catalana? ¿Qué consecuencias tendría?

No es tanto una cuestión de viabilidad (aunque cierto es que sus medios actuales distan mucho de los que requeriría asumir, por ejemplo, todas las competencias referidas al IRPF), sino de improcedencia de dicha asunción. Si a los grandes defraudadores les dijeran que la AEAT se va a vaciar de competencias, que estas se van a fraccionar y repartir en organismos que habrá que dotar de personal, medios materiales y sistemas y que se procurará que dichos organismos estén coordinados con mecanismos a estrenar, seguro que se alegrarían mucho.

¿Qué papel debería tener la educación fiscal para mejorar la conciencia ciudadana frente al fraude?

Desde pequeños deberíamos ser conscientes de dónde sale el dinero con el que se paga a quienes nos enseñan, nos curan o nos protegen. Ello mejoraría la conciencia ciudadana frente a la corrupción y el despilfarro, como ocurre en otros países europeos.

¿Qué mensaje le enviaría a la ministra de Hacienda?

Ya se lo he enviado y confío en poder reunirme pronto con ella, así como con su secretario de Estado de Hacienda, por fin, para pedirles que se impliquen y que tengan en cuenta a sus técnicos como aliados estratégicos para resolver problemas, ahora enquistados, cuya solución terminaría beneficiando al conjunto de la sociedad.

Un deseo para su mandato...

Afrontamos grandes retos: la inexistencia de carrera profesional desde hace años, la falta de reconocimiento de nuestras funciones, el drama de la falta de movilidad con la provisión de puestos realizada al margen de los principios de mérito y capacidad… Problemas que están afectando al funcionamiento de la Administración. Mi deseo es que, al mirar atrás, vea una Administración más eficiente, un personal que se sienta valorado y un país que funciona mejor, con una ciudadanía orgullosa de sus instituciones y de sus empleados públicos.