Los jóvenes pagarán la tasa de reposición de las pensiones más elevada de la Unión Europea: 77,4% frente al 44,5%

Los récords en el gasto en pensiones se suceden mes tras mes. La Seguridad Social destinó el pasado mes de octubre la cifra récord 13.675,8 millones de euros al pago de la nómina ordinaria mensual de las pensiones contributivas, casi un 6,05% más que en igual mes de 2024. La nómina de octubre incorpora la revalorización de las pensiones aprobada para este año, del 2,8% con carácter general, y de entre el 6% y el 9% para las pensiones mínimas.

Y en nada llega la paga extra de Navidad. El pasado mes de junio, el gasto en pensiones contributivas de la Seguridad Social, que incluye la paga adicional de verano, escaló hasta los 26.776,94 millones de euros, un 6,37% más que el mismo mes del año pasado y de nuevo récord absoluto para un mes de junio.

Todo indica que la nómina de noviembre, que incluye la extra de Navidad, superará los 27.000 millones de euros de una tacada.

En este contexto, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) y el Instituto Santalucía han advertido de que las últimas reformas de 2020 han pervertido el sistema contributivo de pensiones y han disparado el gasto hipotecando a las nuevas generaciones por la visión cortoplacista del Pacto de Toledo, un instrumento que se ha convertido en una "subasta política".

Ambos organismos remarcan que el núcleo de las recomendaciones de 2020 del Pacto de Toledo "se puede resumir en mantener la tasa de reposición más elevada de la Unión Europea (77,4% frente 44,5%), evitando endurecer los parámetros de acceso y cálculo de la prestación, y garantizar su poder adquisitivo mediante la actualización anual con el IPC".

"Esta decisión apoyada por todo el arco parlamentario en un escenario de rápido envejecimiento de la población por la llegada de la generación del 'baby boom' a la jubilación y el aumento de la esperanza de vida implica un fuerte aumento del gasto que ascenderá como mínimo a 3,5 puntos adicionales de PIB en 2050. Este elevado coste tendrá que asumirlo las siguientes generaciones, reduciendo su renta disponible a través de más cotizaciones, más impuestos y/o más deuda pública. La decisión, por tanto, tiene consecuencias redistributivas severas a favor de una generación y en contra de las siguientes", sostiene Miguel Ángel García Díaz, profesor colaborador de economía aplicada de la Universidad Rey Juan Carlos e investigador asociado en Fedea.

"El actual sistema de pensiones ha perdido una parte no pequeña de su contributividad por dos motivos: las transferencias y el préstamo del Estado al componente contributivo de pensiones suponen el 27% de los ingresos, y la parte de las cotizaciones no tenida en cuenta para el cálculo de la pensión es cada vez mayor (diferencia entre la base máxima y pensión máxima y la nueva cuota de solidaridad).

"En mi opinión, esta estructura de financiación no estaba en el espíritu de la redacción inicial del Pacto de Toledo, en especial, por el amplio margen de discrecionalidad en la evolución del gasto que se ha introducido en años recientes", asegura García Díaz.

Así, el Pacto de Toledo habría pasado de ser un espacio de responsabilidad intergeneracional a convertirse en un instrumento de políticas más expansivas, "financiadas con deuda y subidas de cotizaciones e impuestos, que benefician principalmente a las generaciones actuales en detrimento de las futuras".

"Este giro supone un quebranto del equilibrio intergeneracional que inspiró el Pacto original y que durante décadas permitió adoptar reformas difíciles sin fracturar el consenso social", denuncia García Díaz.

En su opinión, "las últimas decisiones del Pacto de Toledo evidencian la pérdida de utilidad de un instrumento que, en origen, nació para garantizar la sostenibilidad del sistema y evitar su utilización partidista".

"Parece haberse convertido en una suerte de subasta política en la que se compite por ofrecer más a los pensionistas sin una evaluación rigurosa de los costes ni de su distribución intergeneracional", insiste.

El estudio hace un llamamiento a recuperar el espíritu fundacional del Pacto de Toledo, "basado en el diálogo, el rigor técnico y la corresponsabilidad política", para afrontar los retos de sostenibilidad y equidad de un sistema de pensiones "que sigue siendo el pilar fundamental del Estado del Bienestar en España".

"La reflexión que plantea este informe es clave para entender que el futuro del sistema de pensiones no depende sólo de decisiones coyunturales, sino de mantener vivo el espíritu de consenso, análisis y responsabilidad que dio origen al Pacto de Toledo. Sólo desde el diálogo y la evidencia podremos garantizar su sostenibilidad y su capacidad de proteger a las próximas generaciones", ha subrayado José Manuel Jiménez Rodríguez, director del Instituto Santalucía.