Huelga de taxis

La clave, una licencia VTC por cada siete taxis

Las claves de la huelga de taxis

Taxis estacionados en la estación de Alta Velocidad-Larga Distancia de Puerta de Atocha, en la capital de España. EFE/Emilio Naranjo
Taxis estacionados en la estación de Alta Velocidad-Larga Distancia de Puerta de Atocha, en la capital de España. EFE/Emilio Naranjolarazon

¿Por qué están en huelga los taxistas?

El sector está en pie de guerra por la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de suspender una normativa del Área Metropolitana de Barcelona que exigía una «doble licencia» a los vehículos con conductor (los llamados VTC) de plataformas como Uber y Cabify.

¿Qué dice la normativa?

En 2015, el Gobierno impulsó un reglamento para limitar el número de licencias VTC a una por cada 30 licencias de taxi. Sin embargo, esta proporción no se cumple en la práctica. Para «blindar» esa proporción, el Área Metropolitana de Barcelona aprobó hace un mes exigir una segunda autorización, además de la estatal, para los Uber y Cabify que quieran prestar servicio urbano.

¿Por qué ha suspendido el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña la norma de Barcelona?

La Justicia atiende a una reclamación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y del Ministerio de Fomento, esta última retirada hace unos días. Considera el tribunal que el reglamento estatal «no puede verse cortocircuitado» por otra norma, como la aprobada por Ada Colau.

¿Qué propone Fomento para desbloquear el conflicto?

El Gobierno de Pedro Sánchez quiere transferir a las comunidades autónomas las competencias para dar licencias VTC. Sin embargo, desde el sector del taxi aseguran que esta propuesta es insuficiente y exigen las «licencias urbanas», como la aprobada por Barcelona.

¿Por qué no se cumple la proporción de un VTC por cada 30 taxis?

En España hay 65.277 licencias de taxi, frente a 9.366 de VTC. Es decir, una proporción de uno a siete. El motivo es que los tribunales han autorizado casi 4.000 VTC y otras miles podrían autorizarse en el futuro, que fueron rechazadas por las comunidades pese a liberalización decretada en 2009.