La factura del absentismo laboral en España es demoledora. Este año, se estima que el coste total de las bajas por incapacidad temporal alcanzará los 33.000 millones de euros, una cifra que aglutina tanto el desembolso de la Seguridad Social como la carga que recae directamente sobre las empresas. Este dato no solo representa un coste económico abrumador, sino que también supone un incremento del 12 % respecto al ejercicio anterior, lo que confirma una tendencia al alza que genera una profunda preocupación en el tejido productivo del país.

De hecho, detrás de esta cifra se esconde una realidad humana y laboral de enormes proporciones. Cada día, más de 1,2 millones de personas no acuden a su puesto de trabajo por estar de baja, un volumen de ausencias que se ha duplicado desde 2016. Este crecimiento sostenido evidencia que no se trata de un problema coyuntural, sino de una herida estructural que no deja de sangrar y que afecta a todos los sectores de la economía española.

En este sentido, el economista Lorenzo Serrano ha hablado en el programa Herrera y ha puesto el foco en el origen del problema al diagnosticar que «Hay dos patologías» que concentran la mayor parte de este aumento. Por un lado, las dolencias físicas, como las algias, y por otro, los trastornos relacionados con la salud mental. Estas dos causas son responsables de dos tercios del aumento registrado en las bajas laborales durante los últimos años, señalando dos frentes claros sobre los que actuar.

Asimismo, el fenómeno se manifiesta en todo tipo de ausencias, con un repunte considerable tanto en bajas cortas como largas. Son precisamente estas últimas, las que superan el año de duración, las que con mayor frecuencia están vinculadas a problemas de salud mental, una realidad que pone de manifiesto la creciente fragilidad emocional en el entorno laboral.

Un sistema bajo sospecha que agrava el problema

Por otro lado, más allá de los diagnósticos clínicos, algunos especialistas apuntan a una posible disfunción en la propia gestión administrativa. La sospecha es que muchas incapacidades temporales se conceden y prolongan atendiendo más a la normativa vigente que a criterios puramente médicos. Este desajuste podría estar contribuyendo a cronificar situaciones que requerirían una gestión más ágil y adaptada a la realidad del paciente.

En definitiva, España se enfrenta a un problema con una doble vertiente. Por un lado, el evidente deterioro de la salud física y mental de una parte de la población activa y, por otro, las dudas sobre la eficacia de un sistema que parece incapaz de frenar la sangría. Atajar esta situación se ha convertido en un desafío de gran envergadura para el futuro económico y social del país.