
Seguridad Social
Natalidad en descenso: el efecto en cadena sobre la economía española
Con los nacimientos en mínimos y una población que envejece aceleradamente, España encara un desafío demográfico que exige reformas profundas

La natalidad en España se hunde a cifras históricas. La tasa de fecundidad es hoy de apenas 1,12 hijos por mujer, muy por debajo del 2,1 necesario para garantizar el reemplazo generacional. A este panorama se suma un dato que actúa como símbolo y como freno: en 2025, criar un hijo cuesta de media 335.000 euros hasta que alcance la independencia, según un estudio del Instituto Nacional de Estadística (INE). Una cifra que, tal y como asegura Rafael Pampillón, catedrático de Economía Aplicada en la Universidad CEU San Pablo y profesor en IE Business School, "funciona como un semáforo en rojo en la cabeza de cualquier pareja joven".
El coste no es solo un cálculo frío. "Es la traducción a euros de una renuncia de tiempo, carrera y estabilidad. Si a esa percepción de coste le sumas salarios modestos, carreras laborales intermitentes y vivienda cara, el resultado es que el primer hijo se pospone y, cuando llega, suele llegar más tarde y con más prudencia", explica Pampillón a LA RAZÓN.
En la misma línea, José Antonio Belso Martínez, catedrático de Economía Aplicada en la Universidad Miguel Hernández, apunta que "un coste de esta magnitud pesa sin duda en cualquier decisión familiar, pero no es solo una cuestión económica: el bienestar personal, el estrés diario y el apoyo social disponible influyen de manera decisiva a la hora de decidir tener hijos".
Aunque la crianza es cara, Pampillón insiste en que el verdadero cuello de botella es la inestabilidad económica: "Si una pareja tiene estabilidad y un salario decente, suele encontrar maneras de asumir gastos. Cuando lo que falla es la base, el proyecto familiar se aplaza sine die". Belso coincide: "Muchos jóvenes no logran imaginar un futuro laboral estable con salarios suficientes para asumir las cargas familiares. Esta combinación de inseguridad económica y altos gastos se convierte en una especie de 'pinza' que desalienta la formación de nuevas familias".
La ecuación se complica con la vivienda: España ha normalizado que muchos jóvenes vivan con sus padres hasta cerca de los 30 años, retrasando la formación de hogares propios y reduciendo la posibilidad de un segundo hijo. "La vivienda es una losa doble: impide salir de casa y, cuando por fin se sale, exprime tanto el presupuesto que no deja margen para tener hijos".
En este sentido, Belso añade datos: "La tasa de jóvenes con vivienda en propiedad se ha reducido a la mitad en los últimos 15 años, y un 25% de los menores de 24 años asegura que comprar una casa es su principal preocupación. Sin una vivienda asequible, planificar un proyecto de vida a largo plazo, como formar una familia, resulta extremadamente difícil".
Los estímulos puntuales, como los cheques o rebajas fiscales, suelen tener un efecto limitado. Pampillón defiende medidas más estructurales: "Lo que de verdad cambia el día a día son las ayudas a las empresas y autónomos que tengan trabajadores con hijos en la primera etapa, desde el nacimiento hasta los tres años".
El economista destaca cuatro claves: flexibilidad real en las empresas para no tener que elegir entre bebé o carrera profesional; permisos igualitarios y bien remunerados para ambos progenitores; una red pública sólida de 0 a 3 años; y vivienda asequible con alquileres ligados a ingresos. Belso enfatiza que estas medidas "por sí solas difícilmente revertirán la caída de la natalidad si no se abordan también la precariedad laboral y el acceso a la vivienda. Guarderías gratuitas o bonos por nacimiento alivian el coste inicial, pero criar un hijo o comprar una vivienda sigue siendo una carga económica importante durante muchos años".
Reformas de fondo
Pampillón advierte de que las ayudas, por sí solas, son insuficientes: "Si las ayudas llegan a una economía con salarios estancados, temporalidad alta y alquileres disparados, actúan como una tirita. Suman, pero no corrigen el origen del problema".
Un programa serio tendría un coste relevante: en torno al 1,5% del PIB, según sus cálculos. Pero no se trata solo de gastar más, sino de gastar mejor: evaluar las medidas, priorizar las que reducen la penalización laboral por maternidad y redirigir recursos desde políticas poco eficaces hacia las que impactan en la conciliación y el empleo femenino.
La sombra sobre las pensiones y la productividad
La baja natalidad no solo afecta a las familias: amenaza el sostenimiento de las pensiones y la productividad futura. "Poco a poco va subiendo la proporción de mayores en la población sobre los que están en edad de trabajar, lo que tensionará la financiación de la Seguridad Social con más impuestos, cotizaciones o deuda pública". Menos trabajadores significan también menos ingresos fiscales y un potencial de crecimiento limitado.
La trampa demográfica es real: "Pocos nacimientos hoy significan una población más envejecida mañana; eso eleva el gasto en pensiones y sanidad, presiona cotizaciones e impuestos y deja menos recursos para políticas que harían atractivo tener hijos". Belso puntualiza que, para evitarla, se necesitan reformas profundas en pensiones, políticas que fomenten la natalidad, atraigan inmigración cualificada y potencien el capital humano y tecnológico.
Evitar la fuga de jóvenes
El riesgo no es solo que se tengan menos hijos, sino que los jóvenes emigren antes siquiera de plantearse una familia. Pampillón identifica tres palancas para revertirlo: salarios dignos ligados a la productividad, un parque de vivienda asequible y políticas de conciliación real. "La calidad del empleo y el acceso a la vivienda son los dos pilares que permiten que los jóvenes se arraiguen en nuestro territorio. Los servicios públicos y las políticas de conciliación facilitan compatibilizar trabajo y familia, y transmiten un mensaje de apoyo institucional a quienes deciden quedarse", añade Belso al respecto.
Con una natalidad en mínimos, una población que envejece aceleradamente y un sistema de pensiones cada vez más tensionado, España encara un desafío demográfico que exige reformas profundas.
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