Óscar López congela la subida salarial a los funcionarios porque "no hay Presupuestos"

La falta de Presupuestos congela la acción política, paraliza las inversiones y los proyectos, reduce la eficiencia del Gobierno, borra grandes proyectos, anula leyes como la de vivienda, obstaculiza la financiación autonómica y deja sin efecto medidas económicas aprobadas por el Ejecutivo. Y, además, deja congelado el sueldo de los empleados públicos. Así lo confirmó ayer el ministro de Función Pública, Óscar López, que señaló en TVE que para abordar la subida salarial de los funcionarios –pendientes todavía de la de 2025– primero hay que «desbloquear las cifras de los Presupuestos Generales del Estado. La negociación de la subida salarial tiene que ver con el escenario presupuestario que, obviamente, se ha retrasado», dijo, ya que las cuentas tendrían que haberse presentado en el Congreso antes del final de septiembre y ni siquiera se han iniciado los trámites previos por culpa de la debilidad parlamentaria del Gobierno, que no ha sido capaz de conseguir el apoyo necesario.

El ministro ha insistido en que el Gobierno ha pactado siempre esta cuestión con los sindicatos, por lo que «esta vez también se va a acordar». Sin embargo, CSIF tachó ayer de «excusa inaceptable» que López vincule la subida salarial de los funcionales a los nuevos Presupuestos porque los sueldos se pueden subir también con las cuentas prorrogadas. «El Gobierno nos usa como rehenes y moneda de cambio en su negociación parlamentaria. Exigimos un poco más de respeto y negociar nuestros salarios como se hace todos los años con el Salario Mínimo Interprofesional y las pensiones». Por ello, ha reclamado al ministro que se siente a negociar con urgencia, «de lo contrario, habrá medidas de presión y movilizaciones en toda España».

Los funcionarios han sufrido una significativa pérdida de poder adquisitivo en la última década, especialmente desde 2021, debido a que las subidas salariales acordadas (3,5% en 2022, 2,5% en 2023 y 2,5% en 2024) han sido inferiores al aumento acumulado de la inflación. Solo desde la firma del acuerdo retributivo firmado entre el Gobierno, CC OO y UGT en noviembre de 2022 –del que se descolgó CSIF, el sindicato mayoritario en la AGE–, los empleados públicos han sufrido una pérdida de poder adquisitivo del 10%, y más del 20% si se considera el impacto de los recortes iniciados en 2010. Solo el recorte de ese año restó de los bolsillos de los funcionarios nada menos que 4.500 millones de euros y generó, por la subida del 3% de los precios, una devaluación salarial de entre el 8% y el 13%. Entre 2011 y 2015, los empleados públicos mantuvieron congelados sus sueldos. Durante esos años, se acumuló otro 6,5% de devaluación salarial.

«Los empleados públicos son los que sostienen los servicios esenciales del Estado de bienestar., por lo que si no se adoptan soluciones urgentes, la precarización y la falta de reconocimiento acabarán por colapsar el sistema», advierten desde CSIF, que emplaza al Gobierno a abrir una negociación inmediata para abordar estos problemas.

Este sindicato calcula el Gobierno adeuda al conjunto de empleados públicos unos 1.200 millones de euros en concepto de atrasos y por la evolución del IPC. También denuncia que el envejecimiento de las plantillas ha provocado la salida de más de 90.000 funcionarios del sistema público.