En peligro los recursos de las zonas marítimas españolas

España «no ha culminado la negociación» para delimitar las Zonas Económicas Exclusivas (ZEE) de nuestras fronteras marítimas, según asegura el Ministerio de Asuntos Exteriores en una resolución de Transparencia a la que ha tenido acceso LA RAZÓN.

El dato se ha conocido tras una petición de petición de información que se remonta al pasado 29 de diciembre, cuando un ciudadano planteó diversas cuestiones a la cartera de José Manuel Albares, toda vez que, como aseguraba el interesado, «Francia ha delimitado unilateralmente su Zona marítima Económica Exclusiva (ZEE) frente a España tanto en el Atlántico como en el Mediterráneo, perjudicando intereses marítimos españoles».

Sus dudas eran acerca de las «negociaciones» con el país vecino «para delimitar correctamente nuestras ZEE»; si «ha planteado España alguna protesta y medida frente a Francia para una correcta delimitación de las aguas de la ZEE»; si este asunto «controvertido está en tribunales internacionales»; si «acepta España la delimitación», así como la solicitud de «copia de las comunicaciones enviadas por España a Francia en este sentido».

La solicitud tuvo entrada en Exteriores con fecha de 19 de enero pasado, y cinco días después, la Dirección General de Europa Occidental, Central y Sudeste de Europa hizo «constar que la delimitación marítima con Francia queda fijada en el convenio relativo a la pesca en el Bidasoa y Bahía de Higuer de 1965 en tres zonas: francesa, española y de aguas comunes»; el «convenio sobre delimitación de Mar Territorial y de la Zona Contigua en el Golfo de Vizcaya, hecho en París el 29 de enero de 1974», y el «convenio sobre Delimitación de las Plataformas Continentales entre los dos Estados en el Golfo de Vizcaya, hecho en París el 29 de enero de 1974».

El departamento de Albares recuerda asimismo que «en el Mar Mediterráneo hay dos declaraciones sucesivas unilaterales de Zona Económica Exclusiva: por parte de Francia (2012) y de España (circunscrita al Mediterráneo noroccidental, por Real Decreto 236/2013, de 5 de abril), que en parte se superponen», al tiempo que apunta que «ha habido posteriores procesos negociadores, infructuosos y sin acuerdo». Además, continúa, «España ha declarado su Zona Económica Exclusiva en el Océano Atlántico por Ley 15/1978, de 20 de febrero».

Tras esta respuesta, el peticionario reclamó el 8 de febrero «expediente completo», por lo que la responsable de la Dirección General de Europa Occidental, Central y Sudeste de Europa, Raquel Gómez, ofreció más datos, empezando por el alcance de la Convención de Naciones Unidas de Derecho del Mar, que establece «en sus artículos 55 y 57» que «la zona económica exclusiva es un área situada más allá del mar territorial y adyacente a este» que «no se extenderá más allá de 200 millas marinas contadas desde las líneas de base a partir de las cuales se mide la anchura del mar territorial».

En cuanto a «países con costas adyacentes o situadas frente a frente, su artículo 74.1 dispone que la delimitación de dicha zona habrá de hacerse «por acuerdo entre ellos sobre la base del derecho internacional, a que se hace referencia en el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, a fin de llegar a una solución equitativa».

Recuerda esta sección de Exteriores que en la ZEE, «el Estado español tiene derechos soberanos a los efectos de la exploración y explotación de los recursos naturales del lecho y del subsuelo marinos y de las aguas adyacentes», según consta en la ley de 1978, cuyo artículo segundo fija que «salvo lo que se disponga en tratados internacionales con los Estados cuyas costas se encuentren enfrente de las españolas o sean adyacentes a ellas, el límite exterior de la zona económica será la línea media o equidistante».

Una normativa que «se limitará a las costas españolas del Océano Atlántico, incluido el Mar Cantábrico, peninsulares e insulares, y se faculta al Gobierno para acordar su extensión a otras costas españolas». Exteriores reconoce en este punto que «no se ha culminado la negociación de ninguna delimitación de ZEE con los países limítrofes» y, en concreto afirma que «con Francia no consta ningún tipo de negociación desde 2012», cuando, como reconoce el ministerio, este país «había decretado unilateralmente su ZEE en el Mediterráneo».

Vistas estas respuestas, el interesado lamenta la «desidia» de nuestro país para «explotar con carácter excluyente recursos pesqueros o energéticos» que pudieran «ponerse en riesgo» o incluso suponer «un conflicto diplomático en potencia», cuando países como Francia y Marruecos «ya han fijado sus ZEE, y nosotros vamos a rebufo».

Sánchez criticaba al PP antes de llegar al Gobierno por no haberlo aprobado en su mandato

Resulta llamativo que el PSOE preguntaba al Gobierno de Mariano Rajoy en abril de 2017 «y cuando lleva en el poder desde 2018 este asunto está pendiente». Así, Felipe Sicilia portavoz socialista entonces, recibió una pormenorizada respuesta en junio de ese año que detallaba la única «posibilidad de delimitar los espacios marinos con Portugal, Irlanda, el Reino Unido, Francia, Italia, Argelia y Marruecos».

Entre otras cuestiones, se advertía de que «Francia ha creado, con protesta de España, una ZEE cuya delimitación sobrepasa ampliamente la equidistancia». Así, dice el texto, «la concavidad del Golfo de León y la protuberancia del Cabo de Creus no justifican la delimitación unilateral propuesta por Francia. Ambos países han estado negociando intensamente una delimitación provisional, hasta ahora sin resultados positivos».

Otra advertencia es que «las delimitaciones de los espacios marinos con Marruecos revisten una mayor dificultad debido a las plazas de soberanía española en África (Perejil, Peñón de Vélez de la Gomera, Peñón de Alhucemas, Islas Chafarinas y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla) sobre las que penden reclamaciones marroquíes».

Junto a otros comentarios sobre el panorama general, es interesante el documento respecto a Portugal y Gibraltar. En cuanto al vecino luso, consta que «la delimitación de la ZEE de España (Islas Canarias) con Portugal (Madeira), donde España, aplicando su propia doctrina en relación con la Isla de Alborán, no reconoce a las Islas Salvajes portuguesas más que una zona de seguridad, el mar territorial, por ser unos islotes deshabitados sin vida económica propia. Este hecho supone una dificultad para esta delimitación debido al distinto criterio que mantienen los portugueses». Asimismo, «no existen delimitaciones de espacios marinos peninsulares entre España y Portugal, dado que acuerdos hispano-portugueses antiguos, que hubieran podido regular la cuestión, no se encuentran vigentes; como el canje de notas de 1893, que caducó en 1913 y los Acuerdos de Guarda de 1976 y que no fueron ratificados por Portugal».

Respecto a «la situación de Gibraltar», el Gobierno del PP dio cumplida respuesta a la pregunta parlamentaria del PSOE en 2017. En este sentido, «hay que recordar que en el Tratado de Utrecht de 1713 España solo reconoce al Reino Unido soberanía sobre las aguas del puerto entonces existente, sin jurisdicción sobre las demás aguas circundantes. No habiéndose llevado a cabo aún la descolonización conforme a las Resoluciones pertinentes de Naciones Unidas y debido a las diferencias de criterio en cuanto a la naturaleza de las aguas que circundan el Peñón (aparte de la consideración jurídica del Istmo), no parece oportuno iniciar negociaciones de delimitación. Por ese mismo motivo, España no ha establecido líneas de base rectas en la bahía de Algeciras».