Luis XV de Francia (1710-1774) habría dicho «después de mi, el diluvio», aunque no existe constancia precisa. Hay, además, quien atribuye la expresión a su amante, Jeanne Antoniette Poisson (1721-1764), más conocida como madame de Pompadour.

El diluvio, en efecto, en forma de la Revolución Francesa, llegaría en 1789 como resultado de un malestar social que ya se empezaba a percibir en los últimos años del reinado de Luis XV. Desde entonces, la filosofía que encierra la frase, ha sido un clásico del lenguaje e incluso de la acción política.

Las pensiones, por ejemplo, son quizás uno de los mejores y más precisos ejemplos en España, pero también en otros países. En Francia, sin ir más lejos, los sucesivos primeros ministros de Macron han tropezado con el problema, hasta el extremo de que el último –ya dimisionario– acaba de explicar la renuncia a la reforma de la pensiones para que la izquierda y la extrema derecha permitan la formación de un gobierno. Las incertidumbres, sin embargo, no desaparecen.

En España, el gobierno de Pedro Sánchez y la oposición de Alberto Núñez Feijóo no tienen la mínima intención de abordar el asunto. «Los unos por los otros y la casa sin barrer», afirma un refrán popular español.

El futuro de las pensiones, por mucho que se obvie, es una de las grandes patatas calientes de la economía española y de otras economías de países envejecidos, sobre todo en Europa. Nadie puede decir, además, que no ha habido y hay advertencias.

Esta misma semana que ahora termina, los economistas Alfonso R. Sánchez Martín, Ángel de la Fuente y Miguel Ángel García Díez, de FEDEA (Fundación de Estudios de Economía Aplicada), acaban de publicar un informe sobre «Los efectos de la reforma de las pensiones de 2021-2023».

Concluyen que el agujero del sistema de pensiones español crecerá hasta los 127.000 millones de euros el año 2050. Ese agujero es la diferencia entre ingresos por cotizaciones sociales y gasto por prestaciones contributivas. A finales de 2025, rondará los 30.000 millones e irá en aumento año tras año y, en términos acumulados, hasta el 2050 –aunque los expertos no lo indican– podría superar el billón de euros, con «b» de barbaridad.

El informe de FEDEA, no obstante, si precisa que «las pensiones públicas actuales están por encima de lo que permiten nuestros salarios y los tipos existentes de cotización».

Los expertos también afirman que «el efecto de la reforma sobre el bienestar es claramente positivo para las cohortes ya jubiladas o casi, que se benefician de las mayores pensiones (...) pero es negativo para las cohortes más jóvenes».

La reforma analizada es la que aprobó el gobierno de Sánchez y que alumbró el actual gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, entonces ministro del ramo. Con carácter previo, se puso en cuarentena la reforma que hizo el gobierno de Mariano Rajoy, el único intento serio de racionalizar el sistema, pero también muy impopular.

Tras la reforma Escrivá, las pensiones están indexadas con la inflación, es decir, suben más o menos igual que los precios todos los años, algo que –financieramente– pone en peligro la solvencia del sistema.

En el futuro inmediato, gobierne quien gobierne, nadie va a cambiar este criterio por el rechazo popular que generaría y que ningún partido político quiere soportar. Tampoco el PP. Alberto Nadal, nuevo responsable económico de los populares, liberal, ya ha dicho que el PP mantendrá la revalorización con la inflación.

El problema, no obstante, es que esas actualizaciones no se podrán financiar con las cuotas contributivas, incluso aunque aumente la población emigrante con trabajo. La solución, que ya se ha empezado a aplicar, es que el Estado cubra con aportaciones el agujero de las pensiones.

Hay expertos, como Juan Francisco Martín Seco, alto cargo de Hacienda con Felipe González, y más tarde asesor de Julio Anguita en Izquierda Unida, que defienden esa fórmula. No es el único.

Es posible, pero significa ignorar –de hecho– la quiebra del sistema, algo que el Gobierno actual y la ministra de la Seguridad Social, Elma Saiz, niegan. Incluso dicen que las cuentas están equilibradas.

Recurren al truco burdo de contabilizar como ingresos las aportaciones estatales a fondo perdido. Este año, el gasto en pensiones rondará la tercera parte del gasto consolidado de todas las Administraciones Públicas.

En el futuro, si nadie hace nada, que no lo hará, puede llegar a ser incluso la mitad o más. Es decir, habrá poco dinero para otra cosa que no sean pensiones y eso pone en jaque al resto de la economía. Pero claro, es a largo plazo y los gobernantes actuales y próximos no lo dicen pero actúan según la doctrina que reza «después de mí, el diluvio», atribuida a Luis XV.