El Gobierno abre la puerta a que los secesionistas catalanes alcancen otro de los objetivos que históricamente han reivindicado con más insistencia, la gestión del aeropuerto de Barcelona-El Prat. O, al menos, a que tengan una mayor cuota de influencia sobre el mismo.

En una respuesta parlamentaria, el ministro de Transportes, Óscar Puente, afirma estar "dispuesto a encontrar fórmulas que mejoren la cogestión del conjunto de los aeropuertos".

En su contestación al senador popular Aniceto Armas sobre la gestión de los aeropuertos en Cataluña y País Vasco, Puente asegura que el Gobierno "ha puesto sobre la mesa el marco constitucional, legal y factual que limita el marco de esa cogestión".

"El (artículo) 149 establece que la competencia en torno a aeropuertos de interés general es exclusiva del Estado", ha subrayado Puente, que ha incidido en la naturaleza de Aena, propiedad al 51% del Estado y que cotiza en bolsa en el otro 49%.

No obstante, ha señalado que, "dentro del marco legal", están "dispuestos" a hallar fórmulas que mejoren la cogestión "del conjunto de los aeropuertos de España".

Así, ha reivindicado que no ha "ofrecido" la gestión a ningún Gobierno autonómico, tras la publicación de algunas informaciones que aseguran que el Gobierno negocia ceder a la Generalitat catalana un mayor control sobre los aeropuertos catalanes.

Esa información incidía en que se crearía la figura del Consejo Rector Aeroportuario, que se podría extender a otras comunidades que lo solicitaran.

La gestión de los aeropuertos, junto a la del servicio de Cercanías -Rodalies- han sido siempre reivindicaciones históricas de los secesionistas catalanes. En materia ferroviaria, el Ejecutivo ha cedido a las pretensiones secesionistas con el traspaso integral de la gestión de Rodalies que se ha articulado en una primera etapa a través de una nueva empresa mixta.