
Gran apagón
Red Eléctrica avisó al Gobierno hace meses de la necesidad de revisar la protección del sistema ante el auge renovable pero no lo veía urgente
Los criterios generales de protección del sistema eléctrico peninsular español e insular y extrapeninsulares se rigen por unos documentos de 1996 y 2011

Un nuevo documento corrobora la preocupación de Red Eléctrica sobre los riesgos para el sistema por la elevada penetración de las renovables. El operador del sistema eléctrico español advirtió al Ministerio para la Transición Ecológica tres meses antes del apagón sufrido el pasado 28 de abril por una caída de energía solar en el suroeste peninsular de la necesidad de revisar los criterios de protección existentes del sistema eléctrico ante la entrada masiva de renovables. Esto se suma a dos documentos publicados en abril y febrero en los que el gestor reconoció implícitamente y explícitamente el riesgo de apagones por el auge de las renovables y el cierre nuclear.
En un documento técnico fechado en mayo de 2024, pero que fue recibido por el Ministerio el pasado 24 de enero, según indicaron fuentes ministeriales, el operador realizó una propuesta para revisar los criterios generales de protección del sistema eléctrico peninsular español e insular y extrapeninsulares, que se rigen por unos documentos de 1996 y 2011, para abordar los criterios mínimos de equipamiento protectivo, "de cara a minimizar el alcance de las perturbaciones del sistema para garantizar la continuidad del suministro y mejorar la calidad del servicio".
Asimismo, el documento, añadía que otra de las causas que forzaban a la revisión de estos criterios, era "el cambio en el mix de generación del sistema eléctrico actual debido a la entrada masiva de fuentes de energía renovables que han ido desplazando a las plantas térmicas tradicionales".
"Junto con las centrales de generación convencional -centrales térmicas, ciclos combinados, hidráulicas y nucleares- en el sistema eléctrico actual coexisten las nuevas fuentes de energía renovable que en su mayoría son energía solar fotovoltaica y energía eólica -no gestionables ya que su producción depende de las condiciones meteorológicas- las cuales están basadas en dispositivos de electrónica de potencia", señalaba el documento, adelantado por "El Periódico de la Energía".
Además, el operador del sistema aseguraba que "la integración masiva de generación renovable basada en electrónica de potencia ha supuesto un cambio en la distribución de la generación que tradicionalmente se conectaba directamente en la Red de Transporte".
"Estas nuevas fuentes de energía renovable pueden evacuar tanto en la Red de Transporte como en redes de tensión inferior, lo que puede ocasionar un cambio en la criticidad de ciertos nudos que tradicionalmente eran destinados a centros de transformación y alimentación de la demanda, ya que pueden pasar a ser nudos de evacuación de grandes cantidades de generación, lo que implica un aumento en la criticidad y por tanto unos requerimientos de equipamiento del sistema de protección mayores a los requeridos anteriormente", afirmaba.
Por otro lado, el informe valoraba que, según los estudios realizados hasta el momento, se habían identificado algunas de las implicaciones que conllevan los dispositivos basados en electrónica de potencia que "pueden derivar en un comportamiento no deseado del sistema de protección actual".
Así, consideraba que mientras se mantuviera un nivel de generación síncrona "suficiente" no se esperaban cambios significativos, aunque advertía de que, en el futuro, en zonas donde exista una alta penetración de generación basada en electrónica de potencia, "podrían darse situaciones en las que el comportamiento de algunas de las funciones de protección actuales no fuera el esperado".
Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica aseguran que se ha trabajado con la propuesta para incorporarla en la revisión de la normativa sobre redes eléctricas y destacan que Red Eléctrica plantea en el documento que el horizonte de aplicación de los nuevos mecanismos de protección sea de cinco años desde la aprobación de los procedimientos, "si fuera necesario", incidiendo en que no detecta la necesidad de aplicar las medidas a corto plazo.
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