La decisión de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de autorizar con condiciones asumibles para BBVA la OPA lanzada hace casi un año sobre Banco Sabadell ha desencadenado una oleada de rechazo, en la propia entidad opada y, sobre todo, en el ala izquierda del Gobierno y los sindicatos. Desde el Sabadell reaccionaron con dureza a la decisión inmediatamente después de conocer la decisión de Competencia, a la que han criticado tanto la metodología empleada como por la falta de exigencia respecto al impacto que la operación va a tener en la capacidad crediticia de las pymes.

Sobre todo cargan contra la contradicción con la que el organismo que preside Cani Fernández da luz verde a la operación. Fuentes del banco catalán critican que aunque la CNMC reconoce explícitamente que «la operación representa una amenaza para la competencia efectiva en la banca minorista y los servicios de pagos», a continuación no se impongan una condiciones «suficientemente exigentes» para solucionarlo y exigen que BBVA informe con «mayor transparencia» a los accionistas. Entienden que la metodología para analizar la unión de los dos negocios bancarios para pymes que «no es adecuada» y que, por tanto, «no permite conocer las consecuencias que esta concentración tiene para esos clientes».

Sabadell también recuerda que la decisión de Competencia es «un paso más» en los plazos de aceptación de la opa, que será cuando los accionistas tendrán que decidir si aceptan o rechazan la oferta del BBVA. «En ese momento, el BBVA deberá haber puesto a disposición de los accionistas de Banco Sabadell de forma clara y transparente toda la información detallada de la operación que todavía no ha publicado». Asimismo, inciden desde el Sabadell que la oferta de BBVA supone una «prima negativa para los accionistas», en torno al 7% que, con los valores actuales de mercado, «perderían dinero y la operación no les sería rentable».

La causa del Sabadell fue ayer secundada por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. que oficializó su «no» a la operación exigiendo paralizarla en el Consejo de Ministros. Díaz calificó la decisión como una «muy mala noticia» porque lo que hace es «reforzar todavía más el oligopolio financiero que existe en España y agudizar el riesgo sistémico del que ya ha alertado la Comisión Europea».

Por su parte, los secretarios generales de UGT y CC OO, Pepe Álvarez y Unai Sordo, también se mostraron contrarios a la decisión de la CNMC porque perjudica a los trabajadores, al sector y a los intereses de los ciudadanos. «Hay que evitar que en España se siga dando un proceso de concentración financiera que es contraproducente con los intereses de los trabajadores, de las entidades financieras, con los intereses de la ciudadanía a la hora de acceder a los servicios financieros y con los intereses de las empresas», lamentó Sordo. Por su parte, Álvarez ha advertido de que traerá «consecuencias indeseables y no aporta nada positivo».

La protesta del Sabadell ha sido apoyada asimismo por el presidente de la Autoridad Catalana de la Competencia (ACCO), Roger Loppacher, que afirmó que las condiciones impuestas son «insuficientes» para mitigar las posibles desventajas para los consumidores. «Desde nuestro punto de vista, estos ‘‘remedies’’ no pueden descartar el potencial riesgo para la competencia». El responsable del organismo ha subrayado insistió en que estas exigencias son «de comportamiento, no estructurales, y tienen carácter temporal».

Por su parte, BBVA ha celebrado la decisión y ha destacado que la fusión «favorece la inclusión financiera, la cohesión territorial y el crédito a pymes y autónomos». El propio presidente de la entidad, Carlos Torres, reiteró que los compromisos adquiridos son son «adecuados, suficientes y proporcionados» y «preservan la competencia, especialmente en los territorios en los que tenemos mayor presencia, como Cataluña».

Fuentes del Ministerio de Economía insistieron ayer en que analizará «con rigor y detalle» la resolución y pidieron «máxima prudencia» hasta contar con toda la información antes de resolver si elevan al Consejo de Ministros la decisión final.