Salario mínimo, paro máximo

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha vuelto a encargar a su comité de expertos que elabore una propuesta para volver a subir el salario mínimo interprofesional (SMI), de cara al año 2026, en una tendencia terriblemente alcista desde el año 2019. Esto es un inmenso error que perjudica a la estructura económica y al empleo estable y de largo plazo, especialmente, al de más bajo valor añadido.

Hace unos meses, Fedea presentó un estudio sobre la evolución del salario mínimo desde 2018 que viene a confirmarlo: el incremento del salario mínimo perjudica al empleo fuertemente. Así, Fedea estima que los aumentos del salario mínimo desde 2018 han supuesto frenar la creación de empleo en hasta 4,5 puntos, con especial perjuicio, por los costes que conlleva, para las pymes, que no pueden soportar dicho incremento, que aumenta también las bases de cotización a la Seguridad Social, al tomar la del salario mínimo como base de partida, y que tampoco pueden repercutir en precios en muchos casos, porque perderían ventas, pero que si no repercuten dichos costes, no cuentan con margen suficiente para absorberlo y, en muchos casos, tienen que cerrar.

Hay que analizar bien las consecuencias de subir exponencialmente el salario mínimo, porque perjudica, claramente, a los menos favorecidos, de manera que hay que tratar de no caer en esa trampa tendida por el intervencionismo, además de frenar el crecimiento del salario medio, lastrado por el incremento de costes empresariales que supone el salario mínimo, que hace que las empresas frenen subidas en otros niveles salariales.

Así, el SMI se ha incrementado de manera mucho más importante que el IPC tanto de manera interanual -con la excepción de 2021 y 2022- como en el acumulado 2018-2025 (previsión) y en el acumulado 2018-2023, año en el que llegó a 1.080 euros mensuales en catorce pagas), situándose ahora en 1.184 euros mensuales, como antes hemos comentado. Por tanto, realmente no hay que compensar una pérdida de poder adquisitivo, porque ya viene más que compensada por la evolución del período y con la subida de 2025, en línea con la propuesta de los expertos del Gobierno. Es más, se ha producido una ganancia de poder adquisitivo: entre 2018 y 2025, el SMI ha crecido 37,67 puntos porcentuales más que el IPC.

En cuanto al salario medio: sí que ha crecido menos interanualmente que el IPC, salvo en 2019 y 2020 (en este último, cayó menos que el IPC). Habrá crecido 4,1 puntos menos que el IPC entre 2018 y 2025. Como no hay datos de salario medio nada más que hasta 2022 (donde el salario medio creció un 2%), la hipótesis es un incremento del 2% para 2023, 2024 y 2025, con el objetivo de precios del BCE.

Por tanto, el SMI no hay que incrementarlo para acortar distancias con la subida de la inflación, porque ha crecido mucho más que el IPC, además de que su aumento incrementa el coste de las empresas, que se trasladan para ser soportados al salario medio, que frena su crecimiento, o puede generar unos peligrosos efectos de segunda ronda, con una espiral precios-salarios (las empresas repercutirían los costes en precios; los trabajadores volverían a exigir más subidas salariales; volvería a repercutirse en precios; volverían a reclamarse más salarios, y así, sucesivamente), que siempre hace perder poder adquisitivo.

Por tanto, además de que el salario mínimo no ha perdido poder adquisitivo, su incremento desmedido, con este otro 4,4% adicional del presente año más lo que proponga para 2026 el comité de expertos de Díaz, que lleva el incremento del salario mínimo desde 2018 a un 60,88% y que la nueva propuesta para 2026, cuando se emita, lo elevará todavía más, es una trampa en la que no hay que caer, pues sólo aumentará los costes de las empresas, disminuirá, por ello, la actividad y muchos trabajadores perderán su puesto de trabajo, con consecuencias nocivas para el conjunto de la economía.

Por eso, las subidas en los salarios deben ir ligadas a mejoras en la productividad; si no, sólo generarán inflación y perderán más poder adquisitivo. Cada empresario va a tener que soportar un coste de casi 1.000 euros más por cada trabajador afectado por la subida del salario mínimo; esto, hará que muchas empresas, sobre todo las pequeñas y los autónomos con asalariados, no puedan costearlo, produciéndose despidos, cierre de empresas o economía sumergida.

Las mejoras en productividad y competitividad son imprescindibles. Si la economía española quiere lograr un aumento importante de su crecimiento potencial, debe lograr incrementar de manera sostenible su productividad, y eso sólo se logra con reformas y flexibilidad, no con incrementos artificiales del salario mínimo, que empobrecen a ciudadanos y empresas e incentivan la economía sumergida.