En los últimos años, la apuesta estratégica por la transformación sostenible ha supuesto un incremento de la producción normativa en torno a las cuestiones ambientales, sociales y de gobernanza sin precedentes. Según datos de ESG Book, la normativa de sostenibilidad creció un 155% en todo el mundo durante la última década.

CSRD, CS3D, CBAM, EUDR… el listado de siglas de directivas, reglamentos y requerimientos ligados a la sostenibilidad no ha parado de crecer en los últimos años. Tanto es así, que la propia Comisión Europea ha establecido como una de sus prioridades estratégicas la racionalización normativa, temiendo que el exceso de carga regulatoria pueda suponer un freno para las compañías europeas en un contexto de proteccionismo económico y guerras comerciales. Esto, en última instancia, ha cristalizado en el lanzamiento de la estrategia Competitiviness Compass, anunciada a comienzos de año.

La simplificación regulatoria que promueve el Ejecutivo comunitario no significa que se relajen los objetivos climáticos o sociales en los países. De hecho, en España, recientemente se han publicado varias normas de gestión ambiental como la relativa al registro de la huella de carbono, la ley de desperdicio alimentario o la normativa sobre envases y residuos de envases. También sociales y de gobernanza, como la obligatoriedad de implementar un Plan LGTBI para las empresas de más de 50 empleados o la prevista Ley de Democracia en la Empresa.

Cuando se habla de la labor de las compañías en la transformación sostenible de la economía, un factor que se suele pasar por alto es que las pymes componen el 99,8% del tejido empresarial español y sostienen dos de cada tres empleos en el país. A pesar de su importante papel en la transición, según datos del «Observatorio de sostenibilidad en las pymes 2024», desarrollado por FINRESP en colaboración con Cepyme, alrededor del 80% de las pymes afirman asumir costes muy altos para integrar factores de sostenibilidad. Esta es la razón por la que desde FINRESP se puso en marcha un repositorio de normativa para ayudar a las empresas a identificar y monitorizar el desarrollo normativo en cuestiones de sostenibilidad, facilitando así su cumplimiento.

Las pymes españolas están comprometidas con la sostenibilidad. Según datos de dicho observatorio, tres de cada cuatro consideran prioritario realizar esfuerzos en este sentido, pero existe una desconexión entre la intención y la capacidad de actuar a causa de factores limitantes.

La sociedad española debe asegurar que el motor de la economía nacional, las pequeñas y medianas empresas, no queda rezagado en la transición hacia una economía sostenible. Y para ello, es esencial que tanto el sector público como el privado trabajen juntos para proporcionar los recursos y el apoyo necesarios.