Las tres bofetadas de Sánchez a los empresarios con sus pactos

Los empresarios volvieron ayer a alzar la voz para rechazar sin ambages los pactos alcanzados entre el PSOE y sus socios de investidura porque «no preservan la paz social» ni la «convivencia entre todos» los ciudadanos, por lo que exigen que cualquier decisión que se tome se sitúe dentro de los márgenes de la Carta Magna y al margen de cualquier interés político o partidista. Por ello, a través de una resolución oficial del Comité Ejecutivo extraordinario de la CEOE, los empresarios han hecho un «llamamiento para situar estos principios por encima de cualquier otro interés», además de alertar del «grave menoscabo» que los acuerdos para la investidura de Pedro Sánchez pueden suponer a la «separación de poderes» y a la «seguridad jurídica», además de poner el foco en «la fragmentación y el debilitamiento institucional» que está sufriendo la nación.

Estas son algunas de las conclusiones de la resolución del Comité Ejecutivo extraordinario de la Confederación celebrado ayer, que se suma a la interminable lista de instituciones, organismos y asociaciones que se han manifestado en el mismo sentido. En el caso de los empresarios denuncian que las últimas decisiones tomadas por el Gobierno en funciones están creando un «clima de negocios cada vez más complicado, en el que es muy difícil que haya crecimiento económico y creación de empleo». A ello añaden también una «previsible distorsión de la unidad de mercado y un deterioro de nuestra imagen en el exterior, claves para nuestra competitividad, la atracción de inversiones, el desarrollo empresarial y el bienestar de la sociedad».

En este sentido, recordaron que debe de respetarse la independencia empresarial y el «derecho para decidir en qué lugar desarrollar su actividad», además de insistir en que «la mejor forma de atraer inversiones y la presencia de empresas en un territorio es garantizar un clima favorable para su actividad, empezando por preservar una situación de estabilidad institucional y seguridad jurídica».

También lanzaron otro dardo al Gobierno por «la falta de respeto en el seno de la negociación colectiva y el menosprecio del diálogo social que subyace en los acuerdos alcanzados en materia laboral», además de denunciar que se plantean políticas económicas que «cargan el coste fiscal sobre la espalda de las empresas» y de que se ha olvidado «la ortodoxia económica y el rigor presupuestario».

Tres han sido las bofetadas con la mano abierta que han dado Sánchez y sus socios en la mejilla de los empresarios. La primera, con el acuerdo de legislatura entre PSOE y Sumar, que continúa escociendo entre el empresariado en muchos de sus puntos, pero sobre todo en los que atañen a los aspectos fiscales y laborales. A la insistencia de seguir elevando el salario mínimo interprofesional (SMI) hasta alcanzar el 60% del salario medio –pese a que en varias comunidades está ya por encima del 70%– y todos los costes laborales y de cotizaciones que conlleva, decidieron plasmar en negro sobre blanco algunos de los puntos de la segunda mini reforma laboral que pretende llevar a cabo la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

Los empresarios ya han advertido que se reflejará tanto en la pérdida de nuevas contrataciones como en el aumento del paro «porque las pymes más pequeñas y los autónomos no pueden afrontar más subidas y optarán por despedir y no contratar», explicaron a LA RAZÓN fuentes empresariales. Si a esto unimos otros anexos como la reducción de la jornada y la reforma del despido, o la intención de que los trabajadores se integren en los consejos de dirección para tener capacidad de decisión empresarial «se logra un cóctel que acabará con un incremento del paro, destrucción de empleo y pérdida de competitividad».

El segundo sopapo llegó casi al unísono, con diferencia de unos días, con el pacto con ERC, primero, y con Junts y Puigdemont, después. Las cesiones fiscales –de hasta el 100% de los tributos a Cataluña–, de competencias –traspaso de Rodalies–, la condonación de parte de la deuda acumulada con el Estado –cifrada en 15.000 millones de euros–, entre otras ventajas económicas, unidas a las implicaciones políticas –ley de amnistía, amenaza a la independencia judicial, la vulneración la legalidad vigente en varios apartados o la ruptura del régimen constitucional– han sembrado de dudas a los empresarios, que no han dudado en calificarlas debilitamiento institucional.

Y el remate culminó con el acuerdo con el PNV, que cerró el «traspaso efectivo» al País Vasco en el plazo máximo de dos años de todas las transferencias pendientes establecidas en el Estatuto de Guernica –incluido el traspaso de la gestión económica de la Seguridad Social–, además de abrir la puerta a hablar del «reconocimiento nacional» de Euskadi y la «salvaguarda» de sus competencias.