El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha convertido la consulta sobre la OPA de BBVA al Banco Sabadell en un chiste malo, tras convertirse en apenas unas horas en el centro de bromas y risas de instituciones y ciudadanos, los mismos a los que se quiere consultar, ya que el formulario puesto a disposición de los interesados para opinar sobre si debe aprobarse la fusión entre ambas entidades bancarias no es segura, y permite falsear los datos o entrar las veces que se quiera.

El Gobierno ha puesto hoy en marcha su polémica consulta sobre la OPA, en la que, en teoría, ciudadanos con supuesto DNI en orden, organizaciones y empresas podrán enviar al Gobierno su "opinión" sobre esta operación empresarial durante los próximos siete días hábiles a través de un formulario web, en el que se plantean varias preguntas sobre aspectos relacionados con el interés general que podrán responder todos aquellos que consideren que les puede afectar la OPA, a fin de tomar una "decisión informada" sobre si elevar la operación al Consejo de Ministros, que podría decidir modificar los requisitos impuestos por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

La consulta en sí consiste en un formulario con preguntas relacionadas con los criterios de interés general que identifica la Ley de Defensa de la Competencia en su artículo 10.4, que habilita al Gobierno a valorar operaciones atendiendo a criterios como la defensa y seguridad nacional, la protección de la seguridad o salud públicas o la libre circulación de bienes y servicios dentro del territorio nacional.

Hasta ahí todo plausible, aunque sea inverosímil y con tintes asamblearios de corte comunista. Pero lo que iba a ser el último gran paso hacia la "democracia verdadera", según el Gobierno, se ha convertido en un esperpento, un capítulo de una comedia absurda en la que no se ríe nadie, solo se hace burla tras la falta de respeto a los ciudadanos.

Y ¿por qué todo esto? Pues porque esta consulta pública se ha estrenado con una concatenación de errores técnicos, que van a impedir que su resultado tenga la capacidad decisoria que esperaba el presidente. La causa es que el formulario no tiene filtro, es decir, se puede enviar todas las veces que se quiera, se puede falsear el nombre y el DNI y se pueden poner todo tipo de mensajes aleatorios que nada pueden tener que ver con el asunto de la OPA.

Así, este periódico ha conseguido rellenar el formulario infinidad de veces desde el mismo ordenador y con el mismo usuario sin que la página web del Ministerio de Economía haya puesto alguna traba o lo haya impedido. El cuestionario se rellena de forma manual en todos los campos, pero sin que se exija o verifique que los datos y la identificación sean reales. Incluso se han utilizado nombres falsos, identidades ficticias, correos inventados o números de identificación irreales. La página web admite cualquier cosa. Incluso pueden rellenarse todos los campos con el nombre de personajes fallecidos, como Francisco Franco o Napoleón.

Según aseguraba el Gobierno en un comunicado previo, la consulta consta de preguntas relacionadas con los criterios de interés general que identifica la Ley de Defensa de la Competencia en su artículo 10.4, que habilita al Gobierno a valorar operaciones atendiendo a criterios de interés general como la defensa y seguridad nacional, la protección de la seguridad o salud públicas o la libre circulación de bienes y servicios dentro del territorio nacional.

Al no limitar el acceso al formulario, cualquiera puede contestar a las siguientes preguntas: "¿Considera que existen criterios de interés general distintos de la defensa de la competencia que pueden verse afectados por la operación BBVA/Banco Sabadell?", a la que el participante debe responder señalando la opción "Sí" o "No".

Después pregunta: "¿Cuáles cree que son los criterios de interés general distintos de la defensa de la competencia que pueden verse afectados por la operación BBVA/Banco Sabadell?" y da como opciones las que recoge la Ley de Defensa de la Competencia. Dependiendo de la respuesta anterior, pide indicar "qué otro u otros criterios de interés general considera que pueden verse afectados por la operación BBVA/Banco Sabadell". A continuación, hay que responder a "¿en qué medida considera que estos criterios de interés general pueden verse afectados por la operación de BBVA/Banco Sabadell? Valore el impacto estimado", "¿considera que pueden establecerse medidas que permitan proteger los criterios de interés general señalados anteriormente?" y "¿qué propuestas considera que serían adecuadas para proteger los criterios de interés general afectados?". Se acompaña un buzón para aportar información adicional.

Dicho formulario tiene un breve encabezamiento con una cronología general del proceso, en la que se explica que el 31 de mayo del año pasado se notificó a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) la operación pública de adquisición por parte de BBVA, que fue aprobada por Competencia con compromisos el pasado 30 de abril y que el Ministerio de Economía recibió el lunes la notificación de la resolución, tras la que inició la tercera fase y un primer plazo de 15 días hábiles -hasta el día 27 de este mes- en los que debe decidir si eleva el expediente o no al escrutinio del Consejo de Ministros. A partir de ahí, será el Gobierno el que disponga de 30 días para confirmar la resolución de la CNMC o autorizar la operación con o sin condiciones adicionales por razones de interés general y no de defensa de la competencia, que tendrá en cuenta el resultado que arroje este "referéndum asambleario".

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, aseguraba que el procedimiento, anunciado por el presidente, Pedro Sánchez, está "totalmente alineado con la legislación vigente" y considera que es una "buena práctica" que el Ejecutivo volverá a utilizar si se vuelve a producir un escenario similar. Desde su Ministerio han considerado que esta consulta res pertinente porque su objetivo es "recabar, directamente o a través de organizaciones representativas, la opinión de las personas físicas y jurídicas potencialmente afectadas por la operación, antes de decidir si la operación de concentración bancaria se eleva o no al Consejo de Ministros". Pues el resultado no ha sido el esperado.

Fuentes del gubernamentales sostienen que van a filtrar cualquier anomalías una vez que se tengan todos los datos y se depurará si una persona ha intervenido varias veces, que lo haya hecho de diferentes formas o con información personal falsa. Aunque todo eso se hará con posterioridad y sin garantías en el proceso.