Las víctimas invisibles de la crisis de vivienda: la exclusión residencial o sinhogarismo oculto afecta a más de 8,5 millones de personas en España

La exclusión residencial, el rostro más crudo y oculto de la crisis de vivienda en España, ya afecta a 8,5 millones de personas, una cifra alarmante que desborda el concepto tradicional de sinhogarismo. No se trata solo de quienes duermen en la calle, sino también de quienes viven en albergues o en centros de alojamiento provisional o malviven en condiciones indignas en viviendas inseguras (ocupadas, con amenaza de desalojo o de violencia), en situaciones de hacinamiento en pisos patera o en chabolas, trasteros y coches. Así lo alerta un reciente análisis del Observatorio del Alquiler —impulsado por la Fundación Alquiler Seguro y la Universidad Rey Juan Carlos, con el apoyo de la socimi social tuTECHÔ que cuenta con 400 viviendas sociales— que pone cifras a una emergencia habitacional agravada por la imparable subida de los precios y una oferta cada vez más escasa.

Mientras el sinhogarismo tradicional afecta a 28.552 personas en España, según la Encuesta de Personas sin Hogar del INE de 2022, que según organizaciones como la Fundación Hogar Sí o Cáritas Española está infrarrepresentada, elevando la cifra a en torno las 37.000 y las 42.300 personas, la exclusión residencial o sinhogarismo oculto tiene un alcance mucho más extenso y refleja con mayor fidelidad el impacto de la crisis de vivienda en España. Así, teniendo en cuentas otras modalidades que no son el sinhogarismo al uso (vivir en la calle), la exclusión residencial afecta al 18% de la población española, 8,5 millones de personas. En concreto, alrededor de 3,7 millones de personas en España (7,9% de la población) viven en una vivienda insegura, sin gozar del régimen de tenencia o bajo la amenaza de desalojo; y unos 4,8 millones (10,1%) más lo hacen en un hogar inadecuado, ya sea por problemas de habitabilidad, chabolismo o hacinamiento masivo, la forma más extendida de infravivienda, afectando a 4,1 millones de personas..

Lejos del estereotipo del hombre mayor solitario y desarraigado que duerme en la calle, el fenómeno de la exclusión residencial o nueva definición del sinhogarismo muestra un perfil mucho más complejo, diverso y alarmante. Más de la mitad de las personas que sufren exclusión residencial son extranjeras, una parte creciente son mujeres y un porcentaje importante son jóvenes.

Aunque el sinhogarismo sigue estando fuertemente masculinizado -los hombres representan un 76,7% del total-, la feminización del fenómeno avanza silenciosamente. En 2012, las mujeres eran el 19,7% de quienes vivían sin hogar; en 2022, ya eran el 23,3%.En términos absolutos, esto supone un 47% más de mujeres en situación de sin hogar que hace una década. Pero su presencia es menos visible: temen la violencia sexual, los abusos, los ataques físicos, y por eso muchas optan por lo que se ha llamado sinhogarismo oculto: vivir en infraviviendas, en casas ocupadas o en entornos abusivos antes que exponerse a dormir en la calle. De hecho, el 21% de las mujeres sin hogar han sufrido agresiones físicas o sexuales, un riesgo mucho mayor que en hombres.

La juventud también está cada vez más expuesta: la mitad de los sin hogar tienen menos de 45 años, con mayor riesgo entre los inmigrantes. El 21% de las personas sin hogar tienen entre 18 y 29 años, y el 30% entre 30 y 44, aunque la franja mayoritaria de edad es entre los 45 y los 64 años (43%), mientras que los mayores de 64 años apenas representan el 5,5%. Y si bien no es habitual ver niños durmiendo en la calle, muchos sufren las consecuencias de una exclusión residencial crónica: hacinamiento, inseguridad en la tenencia, o incluso vivir en locales no habilitados como vivienda. Las estadísticas oficiales apenas los registran, pero su realidad está ahí.

La exclusión tiene, además, un fuerte componente migratorio. Entre el 49,9% y el 58% (variación según encuestas) de las personas sin hogar son extranjeras, cifra que puede ascender al 83% entre los menores de 30 años. Vienen de África (53%), América Latina (26%) y Europa del Este o la Unión Europea (17%). Muchos llevan años en el país, pero su situación administrativa precaria los condena al limbo: sin papeles, no pueden acceder a derechos básicos ni salir de la economía sumergida, y acaban en circuitos de explotación. “Están en la rueda de una economía sumergida que hace que carezcan de todo tipo de derechos”, incide Rocío del Mar, directora general de tuTECHÔ.

El aislamiento social es otro rasgo común. El 88,7% de las personas sin hogar están solteras y sin redes familiares, lo que las deja sin colchón cuando todo falla. Sin embargo, también hay familias completas que viven en situación de exclusión residencial severa, aunque su sinhogarismo adopta otras formas. No duermen en la calle ni van a los albergues, pero malviven en casas ocupadas, pisos hacinados, caravanas o locales insalubres. Según FOESSA, en 2018 decenas de miles de familias vivían así en España.

“El sinhogarismo no lo tenemos tan lejano a nosotros: un divorcio, un despido, un desahucio … Cuando te falta la red de apoyo es más difícil salir de ese vacío”, subraya Del Mar. "En las grandes áreas urbanas se nota muchísimo que se ha experimentado un crecimiento de las personas sin hogar. Estos dos últimos años las ONG están viendo a madres en calle, situaciones que antes no se veían en Madrid. Perfiles que estaban en riesgo ahora están cayendo en situación de calle por la crisis de vivienda", añade la directora general de tuTECHÔ.

Este problema se puede solventar en gran medida gracias al alquiler social. Sin embargo, este instrumento no llega al 96% de las personas que lo necesitan, sobre todo, debido a la escasez de vivienda pública, indicaba el Observatorio del Alquiler en un estudio previo presentado hace un año. Según cifras del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, la vivienda social representa en torno al 3,3% del parque inmobiliario (1,5% según datos de la UE), muy por debajo de la media europea, que ronda el 9%, una escasez que ayer mismo la Comisión Europea le reprochó al Gobierno español, reclamándole incrementar la vivienda pública asequible, aprobar la reforma de la ley del suelo y reducir los tiempos de los permisos de construcción. El Ejecutivo ha respondido con un nuevo plan estatal de de vivienda con una dotación de 4.000 millones entre 2026 y 2030 para que las comunidades autónomas construyan más viviendas públicas, a cambio de que las blinden como protegidas de por vida, anunció Pedro Sánchez en una misiva previa a la Conferencia de Presidentes que se celebrará mañana.

Desde el Observatorio reclaman aumentar el parque de vivienda social como prioridad para acabar con el sinhogarismo. tuTECHÔ en concreto pide que las socimis sociales tengan incentivos para favorecer la inversión de impacto. El Observatorio también insiste en la necesidad urgente de movilizar oferta en el alquiler de mercado para evitar que esta crisis de vivienda se recrudezca y se traduzca en más exclusión residencial. ¿Cómo? Con incentivos a los propietarios particulares para poner en alquiler sus viviendas y un marco regulatorio favorable.

La vivienda es un foco de desigualdad que también resulta determinante en el plano laboral. Sin vivienda, la mayoría de las personas en situación de exclusión residencial lo tienen muy difícil para encontrar un trabajo y salir de esa espiral de precariedad. "El alquiler social, con todas las garantías de habitabilidad y salubridad, puede erigirse en un trampolín para salir de la precariedad residencial y promover la inclusión de los grupos más vulnerables de la sociedad", defiende el Observatorio.

Las caras del sinhogarismo

El informe elaborado por el Observatorio del Alquiler también incluye testimonios recogidos en el centro de día madrileño de la ONG Mundo Justo y tuTECHÔ de personas afectadas por exclusión residencial. Hassan, exusuario de tuTECHÔ y colaborador de este centro de día vinculado a la socimi, es un ejemplo de que cuando a una persona sin hogar se le da una red de apoyo puede salir adelante. "En los parques, cajeros y plazas solo vemos una parte del sinhogarismo. Solo se nota lo que entra por patera, pero entra más por Barajas. Familias con tres hijos que vienen a España con 50 euros en el bolsillo, pagan una noche de hostal y al día siguiente están en la calle", explica Hassan. Los que optan por meterse en un piso patera pagan entre 300 y 350 euros por cama, no por habitación (no pueden alquilar una habitación por no tener papeles), y deben pagar por separado para usar la cocina, la lavadora e incluso la comida para quien te alquila. "En el caso de las familias, el padre acaba dado al alcohol, la madre a la prostitución y los niños vendiendo droga. En invierno, algunos incluso mueren, me pasó con tres personas en Plaza Mayor el año pasado", denuncia, Por ello, Hassan reclama una agilización de los permisos de trabajo para que las personas que llegan a España puedan integrarse en el mercado laboral y evitar las situaciones de calle.

Inés (49 años, Cantabria), terminó en la calle tras años marcados por relaciones abusivas, drogadicción y una fuerte ruptura con su familia. Después de muchos años en la hostelería, pasó por el mundo de la prostitución para sobrevivir y conseguir ingresos con los que pagar sus adicciones y ayudar a su familia. Actualmente vive en una tienda de campaña bajo la M-30 en Madrid y sufre violencia machista por parte de su pareja, de la que tiene una fuerte dependencia.

Camila y Ariana (24 y 25 años, Perú) son dos amigas que sobreviven en un antiguo hotel de apartamentos abandonado, situado junto al aeropuerto de Barajas. Allí residen unas 200 personas, incluidos decenas de niños, en condiciones indignas e insalubres, sin luz ni agua, y entre episodios de violencia. En su “apartamento” de 4 habitaciones, viven 30 personas en colchones. Camila tiene un hijo. Su pareja trabaja haciendo reformas sin contrato porque no tiene permiso de trabajo. Ariana tiene dos hijos, uno de ellos con autismo, epilepsia y el más pequeño con un tumor, al parecer benigno, del que deberá ser operado. Llegó a España para trabajar como interna cuidando a una mujer anciana pero al quedar embarazada fue despedida por los hijos de la señora. Ambas llegaron a España huyendo de la crisis económica y la violencia de su país y buscando un futuro para sus hijos, especialmente para los que requieren atención médica. Sobreviven con el dinero que obtienen de trabajar en negro y con los alimentos que les proporcionan desde Mundo Justo.

Luis Felipe (65 años, Madrid) vive desde hace dos años en la calle. Durante más de una década dedicó su vida al cuidado de su madre dependiente, especialmente tras la traumática pérdida de su padre. Con un 45% de discapacidad reconocida y bajo tratamiento psiquiátrico desde joven, abandonó su labor en la construcción para volcarse por completo en su madre enferma, sin recibir jamás compensación económica por ello. La muerte de su progenitora desató una disputa familiar que lo dejó sin hogar. Desde entonces, sus propios hermanos lo han apartado, negándole incluso la palabra. Vivió un tiempo en un albergue religioso, pero terminó en la calle tras perder el Ingreso Mínimo Vital debido a una pequeña parcela heredada sin valor real. Hoy, duerme en el portal de su antigua casa, gracias al afecto de los vecinos que aún le recuerdan. Sin ayudas públicas, sobrevive con epilepsia, medicamentos y la esperanza de que una futura pensión de jubilación le devuelva un techo y algo de dignidad.