Bruselas reprocha al Gobierno la escasez de vivienda social asequible

Bruselas recomienda a España poner en marcha medidas para que la vivienda sea asequible para jóvenes y familias vulnerables. En sus recomendaciones, dentro del denominado paquete de primavera, el Ejecutivo comunitario presiona a nuestro país para que apruebe la reforma de la ley del suelo e impulse la vivienda social.

Según Bruselas, en nuestro país hay un problema de oferta ya que existen pocas viviendas disponibles en el mercado y los niveles de vivienda pública se encuentran por debajo de la media comunitaria. Según el análisis de los técnicos comunitarios, en nuestro país el parque de viviendas de alquiler social supone tan solo del 1,5%, muy por debajo de la media europea del 9%.

El documento publicado este miércoles señala que “la movilización de suelo público, la ampliación del parque de viviendas sociales de alquiler y el aumento de la financiación para viviendas asequibles y sociales impulsarían la disponibilidad de vivienda. Es necesario revertir oportunamente los factores que limitan la oferta para impulsar la construcción residencial y expandir el mercado del alquiler, con especial atención a la vivienda asequible, especialmente para jóvenes y hogares con bajos ingresos”.

La escasez de vivienda y los altos precios repercute en la renta disponible de los hogares, lo que supone “un reto para las familias de bajo nivel de ingresos y de los jóvenes" y amenaza con lastrar el crecimiento económico. Según los datos del Banco de España que Bruselas utiliza para su análisis, los arrendatarios españoles destinan el 40% de sus ingresos al alquiler, mientras que la media comunitaria es tan solo del 27%. Bruselas también pide terminar con la escasez de mano de obra en el sector de la construcción, ya que hasta el 50% de los empleadores asegura tener problemas para encontrar trabajadores.

En cuanto a la reforma de la ley de suelo que todavía sigue pendiente, Bruselas recuerda la importancia de reducir los tiempos de permisos, conseguir la estabilidad regulatoria y eliminar cuellos de botellas administrativos innecesarios. Además, Bruselas señala que el aumento del turismo ha contribuido a que haya menos viviendas disponibles como residencia habitual.

Este informe también alerta sobre el envejecimiento de la población y el sistema de pensiones. Sobre esto último, Bruselas pide una “aplicación consistente” de la cláusula de salvaguarda aprobada en 2023 que obliga a subir las cotizaciones sociales para evitar que el déficit del sistema se dispare. El texto también señala que los altos niveles de deuda y déficit públicos suponen una mala situación de partida ante el envejecimiento de la población y que esto último también repercutirá en menores niveles de mano de obra.

En su análisis fiscal sobre España, Bruselas avisa de una desviación del gasto en 2025, a pesar de que nuestro país cumplió “ampliamente” con el ajuste fiscal. Aunque España terminó en 2024 con un déficit del 3,2%, la Comisión Europea ha decidido no abrir un procedimiento de infracciónpor déficit excesivo al considerar que esta desviación estuvo originada por los estragos económicos causados por la DANA. La Comisión Europea ha pedido a nuestro país aumentar el grado de ejecución de los fondos europeos post- pandemia ya que aún no se han cumplido más de 50 hitos y objetivos.