Yolanda Díaz quiere obligar a las empresas a que remuneren 130 millones de horas extras anuales no pagadas

El temor a que decaiga la reforma de la jornada laboral tras su probable rechazo en el Parlamento al no contar con los apoyos suficientes -tras reiterar Junts su rechazo previo- ha llevado a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, a preparar un "plan B" para intentar salvaguardar al menos algunos de los puntos más polémicos de la norma. Así, Díaz confirmó ayer en La Sexta que ya prepara un real decreto con el que pretende aprobar el endurecimiento del registro horario de las empresas. Su objetivo es lograr que el control de jornada sea "objetivo, fiable, accesible e interoperable" y que permita la medición "real" de las horas de trabajo, ponga coto a las horas extras sin retribuir, obligue a las empresas a pagarlas y amplíe el cuadro de sanciones a quien lo incumpla.

Para ello, la vicepresidenta segunda quiere que esta reforma se incluya en el artículo 35 del Estatuto de los Trabajadores, el que regula las horas extraordinarias, y que se apruebe con un real decreto porque "el control horario tiene rango reglamentario" y se aplicaría directamente. Este atajo tomado por la ministra podría llevarse al Consejo de Ministros inmediatamente después de que la reducción de jornada no haya superado la votación en el Congreso, si finalmente el Gobierno no convence a todos sus socios.

Yolanda Díaz pretende regularizar la totalidad de horas extras que se realizan pero que no son retribuidas. Son en torno a 2,5 de horas semanales y que afectan a 460.000 asalariados -por lo que 17,5 millones no tiene horas extras sin remunerar-, que estarían dejando de cobrar más de 5 horas extra por semana, según datos obtenidos de la última Encuesta de Población Activa (EPA). Por tanto, al año se quedarían fuera del control oficial 130 millones de horas, que acercaría su coste en términos de salario bruto y cotizaciones sociales a los 3.300 millones de euros, unos 140 euros de media a la semana por empleado, que significarían más de 7.300 euros al año.

Desde CC OO recuerdan que en España el 5% de la población asalariada -cerca de 900.000 empleados- realiza horas extra a la semana, de los que casi el 50% no ha recibido contraprestación en forma de salario o descanso. Es decir, que el 2,4% trabaja semanalmente horas extras no pagadas, de las que el 40% "no se cotizan, no se pagan ni se compensan con descanso". Según sus cálculos, el volumen de horas extra trabajadas equivaldría a crear 170.000 empleos a jornada completa, 70.000 de los cuales corresponden a las horas extra no pagadas.

Díaz acusa a la CEOE de ser el principal obstáculo para la aprobación de la reducción de jornada con su negativa a que haya un control absoluto con el registro horario. "Es muy importante que se sepa. La razón fundamental de los opositores de la reducción de la jornada laboral no es la reducción horaria. Es el control del registro horario". En su opinión, es "muy grave" que las patronales vayan haciendo "un llamamiento a la insumisión" diciendo que los partidos voten en contra del proyecto de ley de las 37,5 horas. Para la ministra, la clave no sólo es la reducción de la jornada laboral, sino "que se cumplan con las sentencias del Tribunal de Justicia Europeo. ¿Es que las formaciones políticas, las que sean, o la patronal española, no va a respetar la fuente de derecho europeo que ese Tribunal?".

La respuesta de la CEOE no se hizo esperar. Su presidente, Antonio Garamendi, ha afeado a Díaz que se haya empeñado en no negociar. "No sé que negociación hay que hacer cuando directamente dicen que este es el final de la negociación", ha expresado, antes de manifestar que lleva mucho tiempo pensando que es "malísimo" para España, especialmente para las empresas más pequeñas. "Sería malo para España, para el empleo y especialmente para las pequeñas compañías, para los comercios de España, para los bares del país".