Editoriales

El Estatuto vasco como chantaje

Mal camino es el de presionar a un gobierno con un Estatuto de Autonomía de máximos en el que, por ejemplo, se reconoce el derecho de autodeterminación. Una ley fundamental no puede ser el resultado de una negociación, por llamarlo suavemente, para conseguir los votos necesarios para una investidura. El Estatuto de Autonomía del País Vasco se aprobó hace cuarenta años (fue refrendado el 25 de octubre de 1979), lo que ha supuesto el mayor nivel de autogobierno alcanzado en Europa por un territorio perteneciente a uno de sus estados. Hay que decir que está sancionado por el Rey Juan Carlos, entra en funcionamiento bajo la Monarquía parlamentaria y se ajusta a la Constitución de 1978, incluso en derechos propios que sólo el País Vasco tiene. Aunque en su artículo 2 se delimita el territorio de la comunidad autónoma a Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, también se incluye Navarra «en el supuesto de que esta última decida su incorporación de acuerdo con el procedimiento establecido en la disposición transitoria 4ª de la Constitución».

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El texto sólo consta de 47 artículos (el de Cataluña de 2006 se compone de 223), lo que ya da la medida de que lo esencial del estatuto ya estaba contenido en los derechos históricos forales y, en particular, en el sistema de financiación y hacienda propia. El PNV ha puesto ahora encima de la mesa la reforma del Estatuto, que siempre hay que entenderlo como su mejora, algo que no había considerado como prioritario. Después de todo, la foralidad vasca y navarra no deja de ser un privilegio fiscal que se ha mantenido muy silenciado ante la Unión Europea, absolutamente contraria a este tipo de prerrogativas. Por lo tanto, para el nacionalismo vasco siempre ha primado la discreción, sobre todo porque la comunidad vive una situación de bienestar social y económica por encima de la media española, en tasa de paro (9,6 frente a la estatal de 13,9) y renta (34.079 frente al 25.854 del conjunto nacional). A nadie se le escapa que el PNV ha propuesto esta reforma aprovechando el momento de debilidad del Gobierno, da igual de qué color sea, como quedó claro al apoyar la moción de censura que llevó a La Moncloa a Pedro Sánchez, pero con las mismas condiciones que había pactado con el depuesto Mariano Rajoy: 540 millones de euros en inversiones en el País Vasco.

Precisamente, el nuevo Estatuto incide en esa misma «bilateralidad» con el Estado y, además, abre la posibilidad de ejercer el derecho de autodeterminación a través de una Disposición Adicional en la que se reconoce el «derecho a decidir pactado con el Estado». Hay que decir que el mayor impulsor del nuevo marco legislativo es, además del PNV y Bildu, Podemos, lo que para el futuro Gobierno de coalición de Sánchez-Iglesias puede convertirse en un asunto que agudizará aún más el problema territorial abierto por el independentismo en Cataluña. ¿A esto se refiere Sánchez cuando habla de la España plurinacional? Como dice el líder del PP en el País Vasco, Alfonso Alonso, en una entrevista que publicamos hoy, la oportunidad de esta reforma es porque «ahora ven una grieta constitucional y piensan que pueden colar lo que significa la soberanía nacional». Este nuevo Estatuto delimita una marco competencial en el que erradica del todo la presencia del Estado, aunque se contradiga frontalmente con los artículos 148 y 158 de la Constitución en la que se delimita las competencias autonómicas. El «choque de trenes» está servido si PNV y Podemos persisten en esta vía y quieren aplicar el «derecho de prevalencia», en el que «el Derecho propio de Euskadi en materias de su competencia es aplicable con preferencia a cualquier otro, y sólo en su defecto será de aplicación supletoria del Derecho de Estado». Los socialistas vascos no comparten este principio, aunque sí el futuro vicepresidente del Gobierno de España. El problema es que nadie sabe qué opina y, sobre todo, qué hará el candidato socialista a la presidencia.