El Congreso se reunía ayer bajo la tremenda impresión del enorme número de víctimas mortales de la pandemia, más de quince mil, según las cifras oficiales; el continuo incremento de los contagios y la percepción acusada de que el Gobierno, pese a las sucesivas promesas, tardará muchas semanas en conseguir regularizar la llegada de suministros médicos para dotar de protección, siquiera mínima, al conjunto de la población española. El mismo hecho de que el Presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, admitiera paladinamente que volvería a solicitar una tercera ampliación del estado de alarma y se excusara en el desconocimiento de la etiología del coronavirus para avanzar un calendario, siquiera aproximado, de la desescalada, por utilizar uno de los términos que han hecho fortuna en esta crisis, explica, pero no justifica, el duro ataque a los partidos de la oposición de centro derecha, que fue, ciertamente, insultante, en lo que se refiere a la intervención de la portavoz socialista, Adriana Lastra, y su acrítica defensa de la acción gubernamental, por encima de cualquier evidencia.

Que Pedro Sánchez tratará de justificar ante uno de sus socios parlamentarios, ERC, el recurso al estado de alarma y la centralización de la respuesta a la pandemia en las supuestas deficiencias de gestión de los gobiernos autonómicos, forma parte de la estrategia exculpatoria del Ejecutivo puesta en marcha por sus distintos gabinetes de comunicación. Porque, en realidad, lo que vivimos ayer en la Cámara semivacía fue le reiteración ad nauseam del argumentario de la izquierda, que trata de establecer como verdad revelada que han sido los recortes presupuestarios de los gobiernos del Partido Popular y el proceso de desmantelamiento de la sanidad pública en favor de la privada lo que, en última instancia, nos han llevado a esta situación.

Que se trate de una falacia que parte de una generalización brutal y hurta cualquier elemento de debate, carece de la menor importancia a los efectos pretendidos. Que la razonable demanda de explicaciones y la denuncia de los errores cometidos, algunos tan evidentes que producen sonrojo, sea despachada displicentemente con acusaciones de deslealtad, completa el cuadro, ya conocido, de la búsqueda de la confrontación ideológica que ha venido informando la acción política del actual Gobierno de coalición. Que, en estas circunstancias, el presidente Sánchez ofrezca un acuerdo de amplio espectro para salir de la crisis no parece lo más acertado. El pacto es necesario para afrontar un futuro que se presenta obscuro, pero no puede plantearse como si fuera parte del habitual discurso de transferencia de la responsabilidad. En otras palabras, no puede ser lo que el líder de la oposición, Pablo Casado, describió como un señuelo, bastante burdo, sin otra virtualidad que la ganancia de tiempo. Además, no es lógico, incluso prescindiendo de las malas formas de la intervención de los representantes socialistas, reclamar del Partido Popular unos acuerdos para la reconstrucción que, al mismo tiempo, puedan ser firmados por sus socios de Podemos. Es algo de lo que el presidente debería ser consciente, puesto que el modelo económico que propone el partido de Pablo Iglesias y sus recetas para salir de la crisis están en las antípodas de las soluciones que ofrecen los populares –y aún de los nacionalistas del PNV–, que están mucho más cercanas a la posición general de la Unión Europea.

Ya hemos insistido en lo problemática que parece la pretensión del Gobierno de que Bruselas admita la mutualización de la deuda. Los fondos para la reconstrucción serán, pues, limitados y acabarán por repercutirse en la deuda pública, que en el caso español equivale prácticamente al PIB. O dicho de otra forma, es absurdo romper puentes con la mitad del país cuando arriesgas un rescate.