Menos demagogia con las residencias

La pretensión del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, de nacionalizar las residencias de mayores podría discutirse seriamente si no fuera porque estamos, a todas luces, ante un dislate sin mayor alcance que actuar de cortina de humo, cuando no de munición política, por parte de un dirigente populista a quien la responsabilidad autoasumida durante los peores momentos de la extensión de la pandemia le venía grande. Nunca podrá la sociedad española olvidar la tragedia que se cebó entre nuestros mayores y que golpeó con especial saña a quienes residían en residencias y otros centros asistenciales de diversa naturaleza. Desbordadas por la brutalidad de la infección, sin medios, con buena parte del personal de atención contagiado, la saturación de los hospitales hizo el resto. Ni las autoridades sanitarias advirtieron con antelación suficiente de lo que se avecinaba ni, en plena crisis, los centros de atención de ancianos recibieron la ayuda que angustiosamente demandaban. Se dirá que ni siquiera los médicos y enfermeras de los centros hospitalarios tenían medios de protección suficientes, pero, con ser verdad, no alivia la enormidad de lo ocurrido.

Ahora, desde diversos sectores gubernamentales se pretende hacer una especie de causa general contra las comunidades autónomas no gobernadas por los socialistas, con especial inquina sobre la de Madrid, a cuenta de la tragedia, como si sólo fuera importante el endose de responsabilidades al adversario político y el descargo de las propias. No queremos entrar ese cruce de acusaciones, que rebaja a las instituciones, pero sí advertir de que cualquier proyecto de reforma sobre el régimen de titularidad y gestión de las residencias de ancianos no debería venir de un partido de la extrema izquierda como Podemos que, como en otros muchos asuntos de interés general, actúa desde los prejuicios ideológicos, con tomas de posición que rayan en la difamación de una de las partes concernidas. Por fortuna, desde 1978 corresponde a las comunidades autónomas tanto la administración de las políticas de dependencia como la gestión última de las residencias de mayores y otros centros asistenciales. O dicho de otra forma, si Pablo Iglesias pretende nacionalizar la atención a los ancianos dependientes tendrá que contar con la aquiescencia de los distintos gobiernos autónomos o forzar la mano por medio de una Ley de alcance general. Probablemente, siendo cínicos, a los gobiernos autonómicos no les importaría verse aliviados de una carga presupuestaria cada vez más elevada o, en su defecto, que el Estado proporcionara los fondos precisos para la pretendida nacionalización.

Porque lo que, al parecer, desconoce el vicepresidente segundo Iglesias es que sólo una cuarta parte de las 373.000 plazas que existen en nuestro país se encuentran en centros de titularidad y gestión íntegramente pública. El 75 por ciento restante responde a diversas fórmulas de colaboración público/privada, mediante conciertos con empresas o fundaciones del sector de la dependencia, que reducen los costes asistenciales. Así, si en los países nórdicos, por citar un ejemplo canónico para la izquierda, la Administración paga una media de 150 euros/día por anciano residente, los gobiernos autonómicos españoles se mueven en el rango de los 60/80 euros al día, cantidad muy inferior al coste medio de las residencias de titularidad pública. Una vez más, Iglesias plantea otra de esas soluciones simples, que ya nos suenan familiares, que consisten en tirar del gasto público. Nada nos parecería mejor que se prestara mayor atención a los ancianos y se mejorara la red de residencias, pero, alguna vez, los demagogos tendrán que decir de dónde vendrá el dinero. Porque las clases medias y trabajadoras ya no dan más de sí, impositivamente hablando.