Catástrofe y responsabilidad política

Habrá que suponer que los responsables de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) habrían informado a sus responsables políticos de que nuestro país iba a ser afectado de manera especialmente virulenta por una borrasca de consecuencias devastadoras que obligaban a tomar medias de prevención. No sólo que provocaría nevadas históricas en buena parte de la península, especialmente en el centro, sino que su magnitud podría dejar aisladas muchas zonas, bloqueadas carreteras y aeropuertos. Ayer, en la comparecencia de los ministros del Gobierno que tienen algo que ver en esta crisis no estaba Teresa Ribera, titular del Ministerio para la Transición Ecológica, donde está adscrito la Aemet, por lo que se da por su puesto que la información no fue valorada como mereció, dada la evolución de la borrasca: cuando la nieve empezó a hacer estragos, todavía no se había impedido la circulación por carretera. La comparecencia ayer de los ministros de Interior, Transporte y Defensa indica que sólo se actuó cuando la borrasca estaba en marcha, pero sin más previsión, salvo la UME, que, por su propia estructura y función, está preparada para intervenir con rapidez. Nada, por supuesto, podría hacerse cuando las carreteras estaban bloqueadas y el transporte pesado a la merced de la nieve en cualquier paraje. Sobre la diferente apreciación de los efectos de Filomena está el hecho de que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska había minimizado su alcance en Madrid, cuando el alcalde José Luis Martínez-Almeida había pedido que se declarase «zona catastrófica», mientras que José Luis Ábalos no se cerró a aplicar esta medida y, en todo caso, a evaluar los daños. Sólo basta recorrer las calles de la capital para comprobar que son evidentes y todo indica que, a pesar de los medios que se han movilizado, no se ha cumplido lo que establece en Sistema Nacional de Protección Civil: «La anticipación tiene por objeto determinar los riesgos en un territorio basándose en las condiciones de vulnerabilidad y las posibles amenazas, y comprende los análisis y estudios que permitan obtener información y predicciones sobre situaciones peligrosas» (art. 8). Vaya por delante que la filosofía política, canon del populismo más básico, de «llueve, puerco gobierno» no debe ser aplicada nunca, porque las responsabilidades deben fijarse siempre en función de las medidas tomadas. En estas circunstancias, el Ejecutivo debe dar explicaciones, porque precisamente con la borrasca Dana de septiembre de 2019 quedó registrado por decreto-ley que era obligación del Gobierno dirigir las acciones complementarias que se llevan a cabo por la Administración General del Estado, tanto en la fase de respuesta como en la fase de recuperación». Hay que aprender de los errores y, en todo caso, no esconderse y replicar como corresponde en sede parlamentaria.