Y ahora, ¿quién repara tanto daño causado?

Un mes antes de su fallecimiento, ocurrido el 23 de noviembre de 2016, la ex alcaldesa de Valencia y senadora, Rita Barberá, por lo tanto, aforada, recibía la citación para declarar ante el Tribunal Supremo por un presunto delito de blanqueo de capitales, según el procedimiento incoado por un juzgado de la ciudad del Turia. En el auto, el instructor del Supremo, Cándido Conde-Pumpido, señalaba una fianza de 3.000 euros para la acusación popular, que ejercía el PSOE, y que el magistrado justificaba en el riesgo de la judicialización de la política por parte de los partidos, que podrían transformar el área de debate procesal en un terreno de confrontación política. Cinco años después, la Audiencia Provincial de Valencia ha sobreseído el «caso pitufeo», lo que supone, de hecho, la absolución de los concejales, asesores y cargos municipales que formaban el equipo de Rita Barberá, por, textualmente, «la notoria ausencia de indicios que justifiquen la perpetración» de los supuestos delitos. Significa que ni siquiera se celebrará la vista, que el instructor de la causa, señala el auto de la Audiencia, pretendía convertir en una insólita «prospección probatoria diferida al acto del juicio oral». Queda atrás más de un lustro de denuncias, informes de la UCO, imputaciones, tomas de declaración en sede judicial, peticiones de penas de prisión de la Fiscalía, autos de procesamiento, recursos y señalamiento de vista oral, tan propios de un sistema judicial como el nuestro, al parecer, sobrado de recursos y de personal como para alargar décadas – ahí está el testimonio de Francisco Camps, nueve absoluciones después– unos procedimientos penales, demasiadas veces instados por el partido adversario. Y cada auto, cada citación, cada diligencia puntualmente jaleados en los medios de comunicación, esa pena adelantada de telediario, verdadero escarnio público de unos acusados a quienes, según la adscripción partidaria, se niega la más mínima presunción de inocencia. Cabe preguntarse ahora, como ha hecho la portavoz popular en el Ayuntamiento valenciano, María José Catalá, cómo y quién va a reparar el daño causado, pero es lamento inútil que sólo conduce a la melancolía. Porque lo sucedido en Valencia con la mayoría de las acusaciones de corrupción hechas contra el PP justifica plenamente las prevenciones que expresaba el magistrado Conde-Pumpido sobre la perversión del sistema que supone la aceptación de los partidos políticos como acusación popular. Y debería llevar a la opinión pública a reflexionar sobre la responsabilidad de un partido, en este caso el PSOE valenciano, reiteradamente derrotado en las urnas, que buscó, y obtuvo, en la instrumentalización de los procedimientos judiciales lo que no le concedían los votos. Pero nadie reparará el daño causado porque hay demasiados responsables.