Fiscalía del Estado, no del Gobierno

Si, como todo indica, se confirma que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, fue el responsable de publicar las comunicaciones entre el abogado de un investigado y el fiscal encargado del caso, con grave perjuicio para el libre ejercicio de la defensa y desprecio a los procedimientos judiciales, que deben amparar al justiciable sin causar daños sobrevenidos a su honor e integridad moral, parece evidente desde cualquier punto de vista que el Ministerio Público ha sido utilizado como ariete partidista para destruir personalmente a un adversario político, legítimamente elegido en las urnas, y que, en consecuencia, no cabe más que exigir la dimisión del fiscal general.

Lo sucedido es de tal gravedad para el ordenamiento jurídico constitucional y los derechos individuales de los ciudadanos que ha suscitado la inmediata reacción del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) y del Consejo General de la Abogacía Española, que advierten que la divulgación de cualquier información relacionada con las posiciones o estrategias legales de las partes, sin un acuerdo de conformidad formalizado, constituye una vulneración de los principios básicos de sigilo, confianza y buena fe, y pone en riesgo la neutralidad que debe caracterizar la actuación del Ministerio Fiscal.

Con el agravante, hay que insistir en ello, de que la exposición en la picota pública de la persona afectada se produce por razones extrajudiciales y a la búsqueda de un rédito político, como es forzar la dimisión de quien, como Isabel Díaz Ayuso, ha derrotado claramente en las urnas al partido del gobierno y sobre quien no pesa acusación alguna.

Si ya fue de extrema gravedad el uso espurio por parte de la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de unos datos de la Agencia Tributaria que sólo podía conocer por razón de su cargo, es igualmente deleznable la vulneración de la Instrucción 3/2005 de la propia Fiscalía General del Estado, que establece que «a la hora de proporcionar información habrán de tener siempre presente los fiscales el derecho a la presunción de inocencia que ampara al imputado, que le garantiza ser tratado como inocente hasta tanto no haya recaído una sentencia firme condenatoria».

Por supuesto, habrá que ver qué recorrido judicial tienen las demandas de reparación de la víctima de este escándalo, pero a los efectos prácticos en la opinión pública es preciso recalcar que el cruce de todas las líneas rojas en el debate político por parte del Ejecutivo y de los distintos portavoces gubernamentales retrata a un PSOE ahogado en la corrupción económica y política, capaz de manipular la realidad con el mayor de los desparpajos y de acudir a la insidia como único recurso argumental. Lo han podido comprobar, por cierto, los juristas de la Comisión de Venecia con el relato «alternativo» del informe de la ley de amnistía que hizo La Moncloa.