Un gestión económica con muchas sombras

No es posible negar que el presidente del Gobierno y candidato socialista, Pedro Sánchez, ha hecho de la defensa de su gestión económica y social el eje de su campaña electoral, describiendo un panorama de bonanza sin precedentes en la historia reciente de España. Por supuesto, cualquier intento de refutación, siquiera parcial, del relato gubernamental ha sido tachado de embustes y mentiras de una oposición que, en el imaginario oficial, habría actuado a lo largo de toda la legislatura desde la mala fe y la voluntad de menoscabar los intereses de los españoles.

Y, sin embargo, la percepción mayoritaria de los ciudadanos es de perplejidad, atrapados entre la euforia del discurso de La Moncloa y la realidad de su día a día, marcada por el alza de los precios y las crecientes dificultades para disponer de bienes básicos, como la vivienda. Vaya por delante que, pese al ya clásico aforismo de que sólo la economía importa ante las urnas, estas elecciones también van a estar muy condicionadas por una gestión política frentista y demasiado intrusiva, casi de ingeniería social, en los hogares y por unas alianzas parlamentarias que han forzado decisiones jurídicas e institucionales mayoritariamente rechazadas por la opinión pública, pero, aun así, es forzoso detenerse en la gestión económica del gobierno de coalición social comunista, aunque sólo sea porque trae con ella una pesada herencia de la que tendrán que hacerse cargo las próximas generaciones.

En realidad, podríamos hablar más propiamente de una anomalía que de un modelo de gestión, entre otras cuestiones, porque se hace muy difícil explicar cómo este gobierno ha disparado simultáneamente la deuda pública y la presión fiscal a niveles históricos, al tiempo que se mantienen los viejos problemas estructurales. Cómo es posible que desde los círculos gubernamentales se extienda la especie de una reforma laboral que raya en la excelencia y es referente mundial, mientras España registra la tasa de paro más elevada de toda la OCDE, –sin contar con los fijos discontinuos– pese al incremento de la contratación pública, y la duración media de los contratos ha pasado de 60 a 42 días. Cómo explicar que el PIB per cápita haya caído un 2,6 por ciento, mientras los ciudadanos afrontan un tipo medio impositivo del 14,1 por ciento, que es el mayor de toda su historia.

Cómo explicar el creciente agujero de la Seguridad Social, de más de 100.000 millones de euros, cuando los costes laborales han subido un 45 por ciento. Son algunos de los datos que, hoy, recopila LA RAZÓN y dibujan un panorama de endeudamiento y economía «dopada» muy alejado del mundo feliz en el que vive un Gobierno que nunca en toda la historia democrática española habrá contado con tantos ingresos públicos como el que mañana se ventila en las urnas.