Un Gobierno en clara dejación de funciones

No es posible prescindir en el análisis de lo sucedido el jueves en Barcelona del hecho de que el partido que lidera Carles Puigdemont tiene siete votos en el Congreso, determinantes para la continuidad de la legislatura y, por lo tanto, de la presidencia de Pedro Sánchez. Probablemente, como se justifican los Mossos y el propio consejero de Interior de la Generalitat, en funciones, Joan Ignasi Elena, nadie podía esperar tal comportamiento tramposo de una figura política que ha desempeñado la más alta representación institucional en Cataluña, pero no cabe duda de que la pasividad, cuando no indolencia, de las autoridades gubernativas en el vodevil del líder de Junts hunde sus raíces en el grave enfrentamiento abierto por el sanchismo contra el Poder Judicial a cuenta de la compra del apoyo de Puigdemont para la investidura del presidente del Gobierno.

Ese enfrentamiento espurio entre los dos poderes del Estado ha dejado heridas profundas y no es de extrañar que sobrevuele el fantasma del desistimiento, incluso, por las mismas salas del Tribunal Supremo. Será, una vez más, la reacción de la Justicia, en este caso con el magistrado Llarena como principal concernido, lo que permita a la sociedad española calibrar hasta qué punto ha llegado el daño institucional.

Porque si esta clamorosa dejación de funciones del Gobierno, esta inaudita falta de compromiso con el cumplimiento de las leyes por parte de quienes más obligados están a cumplirlas, desde el Ayuntamiento de Barcelona hasta la Generalitat, pasando por La Moncloa, queda sin las consecuencias penales y políticas correspondientes, la opinión pública española tendrá derecho legítimo a preguntarse si es que existen españoles de mejor condición que el resto ante los tribunales de Justicia, el único espacio que este Gobierno no había conseguido contaminar con sus políticas arbitrarias.

Por otra parte, es evidente que el vicio de consentimiento sobre el que se sustentó la ley de amnistía –inconstitucional, a juicio de la mayoría de los juristas con prestigio de este país– iba a traer problemas y confusión a la hora de su aplicación plena, que es lo que ha sufrido en sus propias carnes el ex presidente de la Generalitat, pero ello no empece para que sigan siendo de obligado cumplimiento las órdenes, dictámenes y requisitorias de los Tribunales, como las que pesaban sobre el líder de Junts.

No vamos a caer en la ingenuidad de pedir la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, porque acumula razones de todo tipo para haber sido destituido, más por su condición de juez, ni en pedir una depuración en la Policía catalana, con evidentes infiltraciones del partidismo político. Tendrán que ser los ciudadanos quienes, a través de las urnas y de la protesta social, devuelvan el sentido de la dignidad a los representantes de nuestras instituciones.