El Gobierno compra el discurso del «lawfare»

Es sabido que en los tiempos históricos cortos, la cronología deviene en un instrumento fundamental para la correcta interpretación de los hechos. De ahí, que no se deba desligar el señalamiento de la vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, al juez de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, de las negociaciones «reservadas» entre el Ejecutivo y los representantes del ex presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, sobre el alcance final de la proposición de ley de Amnistía, que tramita el Congreso.

Porque, en realidad, el magistrado no ha hecho más que resolver, en tiempo y forma, un recurso de la Fiscalía contra la calificación de delitos terroristas de las actuaciones del llamado «tsunami democràtic» y de los CDR, en el marco de los graves incidentes que provocaron daños personales y afectaron a infraestructuras estratégicas del Estado. Es decir, García-Castellón entiende, a partir de la contundencia, cantidad y nitidez de los indicios registrados en la investigación de los hechos, que se puede imputar por terrorismo a los responsables y que, dada la condición de aforados de varios de los investigados, procede elevar el caso al Tribunal Supremo. No hay, pues, cambio de criterio sobrevenido por supuestas circunstancias políticas, como pudiera ser el debate de la ley de amnistía, dado que el juez, desde su independencia de criterio y conocimiento del Derecho, lleva manteniendo la misma línea de investigación desde hace cuatro años, cuando entre las filas socialistas, con especial intervención de su secretario general, Pedro Sánchez, se calificaba de «delincuente fugado» al líder de Junts.

De esta forma, el señalamiento hecho por una vicepresidenta del Gobierno, del ala socialista, para más señas, contra un juez en el ejercicio de sus funciones encuentra su explicación en el nerviosismo que produce a los gubernamentales la sospechada respuesta del independentismo catalán, incapaz de entender, al parecer, que el incumplimiento de la ley tiene sus consecuencias y que lo inusual no es la actuación de la Justicia, sino su empeño en quedar impunes.

No sería tan grave, si la cuestión quedara simplemente en el ámbito de la pugna política y de la procura de los intereses partidistas, pero el problema es que afecta a principios fundamentales, como la igualdad ante la ley, la independencia de la Justicia y el cumplimiento de las resoluciones de los tribunales, que deberían estar por encima de las necesidades del político de turno. Tal es, a nuestro juicio, el daño potencial para nuestro sistema democrático, que es el propio Tribunal Constitucional, con una mayoría en la que se integran personas con estrechas relaciones con el PSOE, el que está incurriendo en sospechas de «lawfare», cuando opera siempre en la misma línea política, alineada con el Gobierno, y actúa como si fuera una instancia judicial más.