El Gobierno recula e intenta "reparar" ahora su ataque a García Castellón por investigar a Puigdemont

"Hay algunas personas en el poder judicial con querencia a pronunciarse en una sola dirección". Así de dura y crítica se ha mostrado este viernes la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ante la decisión del magistrado encargado del "caso Tsunami", Manuel García Castellón, de mantener la imputación del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont por terrorismo. Un hecho que complica y mucho el visto bueno de la Justicia europea a la polémica ley de amnistía.

La titular de Transición Ecológica no ha tenido reparos en cargar abiertamente contra el poder judicial y en concreto contra el citado juez García Castellón del que dice "nos tiene acostumbrados a que siempre se incline hacia esta misma dirección". Asimismo, le ha acusado de tener "una implicación política importante" que "suele salir a colación en momentos políticos sensibles". Y si bien hasta ahora las críticas por parte del Gobierno hacia el poder judicial eran generalizadas, estas declaraciones bien podrían interpretarse como una declaración de guerra y un claro señalamiento a un juez, que se interpone en los propósitos del Ejecutivo y sus socios independentistas. Objetivos que pasan por blindar los efectos de la ley de amnistía para evitar que los recursos que planteen los jueces paralicen su aplicación y así garantizar, entre otras cosas, la inmediata vuelta a España de Puigdemont .

Hay que recordar que ayer, el magistrado no sólo se reafirmó en su decisión de dejar en manos del Tribunal Supremo una posible imputación del líder independentista, sino que -en la resolución en la que rechaza el recurso de la Fiscalía contra ese pronunciamiento- señala que los indicios por terrorismo contra Puigdemont y el resto de investigados (entre los que se encuentra la dirigente de ERC Marta Rovira), se han "consolidado" a resultas de los avances en la instrucción. De hecho, asegura que en estos momentos se constata "con mayor claridad" que su tesis inicial de calificar los hechos como delito de terrorismo se vislumbra como "plausible", por lo que insiste en que los hechos investigados "encajan" en las finalidades que la normativa penal y comunitaria anuda a este tipo de acciones: el intento de desastibilizar gravemente el funcionamiento de las instituciones o de las estructuras económicas o sociales.

Por otra parte, el magistrado echó también por tierra la queja del fiscal, que en su recurso de reforma expuso que cuando García Castellón envío la causa al Supremo estaba aún pendiente de resolverse su recurso de apelación a la decisión judicial de investigar a los encausados. El instructor del "caso Tsunami" replicó que ese recurso carece de efectos suspensivos, por lo que no le impide seguir tramitando el procedimiento. Del mismo modo, defendió que la exposición razonada (con los indicios para imputar a Puigdemont) se remitió al Supremo con el respaldo de más de cien folios, "por lo que en ningún caso pueda admitirse, como se afirma en el recurso, que carece de fundamento".

El Gobierno recula y sale al paso de las críticas

Ante la polémica generada por las palabras de la ministra de Transición Ecológica y otros dirigentes de su partido como el ministro de Transporte, Óscar Puente, el Gobierno ha querido salir al paso de las críticas y manifestar su "respeto institucional al Poder Judicial, a la separación de poderes y a la independencia de jueces y magistrados en su labor". Asimismo, tras asegurar que respeta todas las decisiones judiciales, aunque no las comparta, ha insistido en que en el "caso Tsunami", la consideración jurídica de los hechos ocurridos como terrorismo "están pendientes de recurso ante la propia Audiencia Nacional" y por tanto, "ese debate jurídico se resolverá por los órganos judiciales". Finalmente, afirma que "Gobierno respetará, por supuesto, la decisión final que se adopte".

Uno de los primeros en hacer valer esta postura ha sido el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, quien ha defendido que el Gobierno "respeta plenamente" la actuación judicial del magistrado de la Audiencia Nacional. En esta línea, ha manifestado que la actuación de un juez, "como la de cualquier miembro del poder judicial", está "sometida a reglas y procedimientos" que el Gobierno de España, ha insistido, "respeta plenamente".

Y tras la defensa, desde Moncloa han pasado al ataque para arremeter contra el PP de Alberto Núñez Feijóo. "Si en España hay un claro ejemplo de intervencionismo en el Poder Judicial es el secuestro al cual el Partido Popular está sometiendo al CGPJ bloqueando su renovación desde hace más de 5 años", han apuntado. Además, han tirado de hemeroteca para recordar que fueron varios dirigentes del PP quienes manifestaron el intento de su partido de "controlar la Sala Segunda del Tribunal Supremo por detrás".

Resta importancia al informe de los letrados

También se ha manifestado la vicepresidenta primera del Gobierno sobre la polémica ley de amnistía y el informe contrario de los letrados. En esa línea marcada por el Ejecutivo de férrea defensa de la amnistía, Ribera ha manifestado que son muchas las interpretaciones y valoraciones jurídicas existentes, pero "ningún" informe de los letrados del Congreso dice de manera tajante que esa medida de gracia no sea constitucional. "Ninguna valoración afirma de forma tajante o rotunda, una franca oposición a la Constitución", ha matizado.

Es más, restando importancia al documento de los letrados ha manifestado que "hay que leerlo con cuidado". No obstante, no ha querido incidir más en este tema y a manifestado que durante la tramitación de esta norma en el Congreso, todos los partidos podrán opinar y presentar enmiendas.