Un Gobierno más allá del disparate político

Produce la natural estupefacción, puesto que hablamos de un ministro que forma parte del gobierno de un país occidental, es decir, en el que rige el principio acusatorio, escuchar cómo la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, antepone la supuesta primacía del testimonio de parte, si procede de una mujer, sobre la presunción de inocencia de un acusado, derecho fundamental consagrado en cualquier corpus jurídico civilizado. Que esto suceda con un político que lleva dos décadas largas asumiendo diferentes cargos de responsabilidad pública y que pertenece a un partido supuestamente democrático como el PSOE explica por sí solo hasta dónde ha llegado el deterioro institucional en España.

Porque no se trata de las habituales diatribas de la extrema izquierda contra las sentencias que no son de su agrado, especialmente, las que ponen en cuestión su «habilidad» legisladora, sino de un disparate conceptual que chocaría, incluso, con los viejos procedimientos inquisitoriales del Santo Oficio. Por supuesto, ni siquiera es cuestión de volver al debate de la discriminación positiva en el proceso penal, potenciado con el engendro de la ley del «Sí es Sí», porque en ningún caso el Tribunal Superior de Cataluña ha puesto en cuestión ni el valor del testimonio de una víctima ni su eficacia probatoria.

Simplemente, los cuatro magistrados, por unanimidad, han considerado que la sentencia de la Audiencia de Barcelona, que condenó al futbolista Dani Alves por un delito de agresión sexual, no disponía del suficiente caudal probatorio como para enervar la presunción de inocencia del acusado. Es decir, que el testimonio de la víctima, por sí solo, no ha sido suficiente en el caso juzgado. En definitiva, que a juicio del tribunal, Dani Alves fue condenado sin las pruebas que demostraban por encima de toda duda su culpabilidad.

Que la vicepresidenta Montero reduzca todo el proceso, doloroso y complejo para sus protagonistas, a una sarta de frases ancladas en la peor demagogia feminista no tendría la menor trascendencia si no fuera porque la reiteración con la que los medios gubernamentales ponen en duda la probidad, la profesionalidad y la independencia de los tribunales, al menos, de aquellos que dictan providencias que no están de acuerdo con su marco sectario, está calando en un sector de la opinión pública, que acabará por poner en duda la actuación de la Justicia, momento en el que podemos afirmar que el sistema democrático de un país entra en una crisis peligrosa. Como hemos señalado, que estas actuaciones provengan de políticos con resabios totalitarios, siempre enfrentados a un sistema judicial que está en las antípodas de la «justicia popular», con ser reprobable, está dentro de lo que cabría esperar, pero que venga desde el socialismo que también protagonizó la Transición es lo verdaderamente indignante.