Lo que el Gobierno vendió a la opinión pública como la obra magna en la transformación de la política de empleo, con el acento puesto en los programas de formación y en una nonata Agencia estatal del ramo, sólo parece haber sido un éxito en el plano de la propaganda a tenor de los informes propios del SEPE y sus débiles resultados. Y no será porque el Ejecutivo no destine suficientes fondos públicos al sistema.

Ayer, precisamente, el Consejo de Ministros, a propuesta del departamento que preside Yolanda Díaz, aprobó una partida de 2.500 millones de euros para políticas activas de empleo, lo que supone un incremento del 45 por ciento con respecto al año anterior. La parte del león del gasto va a servicios de empleo y formación, cuya financiación se distribuye a través de las comunidades autónomas que suelen encargar la gestión a los sindicatos y las organizaciones patronales. No se trata de poner en duda la calidad de los cursos impartidos, pero si de constatar que los servicios oficiales del SEPE apenas proporcionan ofertas laborales viables, con unos ratios de colocación de desempleados por debajo del 2 por ciento y en un escenario en el que la mayoría de los sectores productivos, desde la industria manufacturera a la hostelería, se quejan de la dificultad de encontrar trabajadores adecuados a los puestos de trabajo disponibles, que la creciente mano de obra inmigrante, poco preparada, no es capaz de ocupar.

Asistimos, además, a la paradoja de que a menor número de personas en paro, si hacemos caso a las estadísticas oficiales del Ministerio de Trabajo, mayor es el gasto en el seguro por desempleo. En marzo de este año, el SEPE pagó más de 2.000 millones de euros en prestaciones, pese a que el número de beneficiarios había caído un 9 por ciento con respecto al año anterior. No hay más explicación que el incremento medio de la prestación, cuestión a la que poco se puede oponer si tenemos en cuenta los efectos de la inflación sobre el poder adquisitivo de los trabajadores.

Ciertamente, podríamos volver a la discusión sobre la fiabilidad de las estadísticas del paro –alteradas por la no inclusión de los fijos discontinuos en las listas de desempleados aunque no trabajen, tampoco de los demandantes de empleo sin plena disponibilidad o de los que están realizando cursos de formación– pero la realidad es que España sigue a la cabeza del paro entre los países de la Unión Europea y que el mercado laboral, sometido a unas políticas fiscales muy agresivas, vuelve a unas tasas de precariedad alarmantes. Tal vez, el fracaso palmario de las políticas oficiales de empleo aconsejaría buscar fórmulas de colaboración con las empresas privadas, no sólo con las de trabajo temporal, que conocen de primera mano cuáles son las necesidades del mercado. Aunque, tratándose de la ministra Yolanda Díaz, la propuesta suena a anatema.