Propaganda y realidad de los fondos europeos

La llegada de los fondos europeos del Plan de Recuperación desató una de las mayores operaciones de propaganda gubernamental desde la restauración de la democracia, y es decir mucho. De hecho, las presentaciones a las fuerzas vivas de la sociedad del maná que llovía desde Bruselas fueron objeto de cuidadas escenografías en las que oficiaba como protagonista absoluto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, porque de su mano iba a producirse el «gran salto» tecnológico de la economía española.

Y en medio de la crisis desatada por la pandemia, con el PIB desplomado y los ERTE convertidos en la tabla de salvación de empresas y trabajadores, los estrategas de La Moncloa hallaron un terreno fértil para colocar sus mensajes averiados entre una opinión pública que necesitaba asirse a la esperanza. Por supuesto, el Ejecutivo se arrogó el privilegio en exclusiva del reparto, como si fuera el auténtico propietario de un dinero que, a la postre, iba a salir de los impuestos generados por todos los ciudadanos europeos.

Pues bien, tres años después, apenas un 20 por ciento de los fondos han llegado al tejido productivo español y buena parte de los mismos se ha destinado a cubrir el gasto corriente de administraciones y organismos públicos, como RTVE. Mezcladas entre las pavesas de la propaganda han volado las grandes promesas y las proyecciones futuristas de una quinta o sexta revolución industrial. Simplemente, el que presumía de ser el gobierno más eficiente de la historia de España se ha convertido en un lastre para el desarrollo económico y social de un país que, paradójicamente, ha generado algunas de las más importantes multinacionales del mundo y desarrollado las tecnologías más punteras.

En medio del ruido gubernamental apenas pudieron escucharse las advertencias de los expertos sobre la incapacidad de la burocracia estatal para digerir unos capitales que podían llegar a suponer un cuarto del PIB nacional. Pero, por si fuera poco, la congénita desconfianza de la Administración hacia sus administrados, siempre bajo sospecha de albergar un ánimo de engaño y enriquecimiento ilícito, multiplicaron las barreras burocráticas y complicaron los procedimientos administrativos ante unos organismos que ni siquiera disponían de instrumentos informáticos adecuados.

Sólo las grandes empresas, con sus mayores medios administrativos y una larga experiencia en los procesos de contratación pública, han tenido opciones reales de acceder a los fondos. Las pequeñas y medianas empresas, que integran en su inmensa mayoría el tejido productivo español, quedaban en la inevitable marginalidad. Finalmente, queda el ajuste de las cuentas con Bruselas y, de momento, el Gobierno ha incumplido el compromiso de publicar quiénes han sido los 100 mayores adjudicatarios de los fondos.