En el frenesí de reformas del Código Penal, todas ellas abordadas desde la sensibilidad progresista –con clamorosos desajustes como los producidos por la ley del Sí es Sí–, se ha pasado por alto la penalización de nuevas conductas delictivas con fuerte impacto económico y social para las que se prevén penas insuficientes para ejercer una verdadera disuasión.

Nos referimos, por supuesto, a actos como el robo de cable de cobre en las líneas ferroviarias, con daño desproporcionado a un servicio público esencial en relación al botín obtenido, que no han dejado de aumentar desde 2019, hasta el punto de que el pasado año se investigaron por parte de la Guardia Civil casi 4.500 robos de cableado de cobre y otros materiales conductores, es decir, un 87 por ciento más que cinco años atrás. Igualmente, el número de detenidos y puestos a disposición judicial ha crecido en 2024 hasta los 987 encausados, frente a los 420 de 2019.

Es decir, la labor de la Benemérita y de los otros cuerpos policiales cae en el vacío ante un delito de robo con fuerza que el Código Penal considera «menos grave» y castiga con penas de 1 a 3 años, aunque en función de los perjuicios ocasionados puede elevarse hasta 6 años, lo que sucede muy excepcionalmente. En la práctica, son muy pocos los delincuentes que ingresan en prisión por robar cable y menos aún los «peristas» que integran la cadena de acopio y reventa, normalmente al mercado chino, de los materiales sustraídos.

Tanto en Adif como en Renfe están al cabo de la calle de un problema devenido en sistémico, que, junto a la caída de tensión, está detrás de buena parte de las interrupciones del servicio y que al afectar en muchas ocasiones a los sistemas de seguridad de la vía son potencialmente muy peligrosos. De ahí que no se entienda que el ministro de Transportes, Óscar Puente, se descolgara con patéticas denuncias de «actos graves de sabotajes», a menos que estuviera cumpliendo consignas de los equipos de propaganda de La Moncloa, siguiendo la táctica chavista, para descargar las propias responsabilidades en supuestas conspiraciones de la derecha y la extrema derecha para dañar el prestigio del Gobierno, aun a costa de causar perjuicios a los ciudadanos.

Sin embargo, la realidad, tozuda, es que la pérdida de la calidad de los servicios públicos, entre ellos la seguridad ciudadana en el mundo rural, se hace cada vez más difícil de ocultar a una opinión pública que ya ha visto disiparse demasiadas columnas de humo tendidas por el Gobierno, como, sin ir más lejos, la supuesta «emboscada premeditada» al presidente del Gobierno el día de su escapada en Paiporta. Es evidente que sólo hay dos maneras de afrontar el robo de cable que disturba el normal funcionamiento del ferrocarril: o se refuerzan las penas en el Código Penal para que sean disuasorias o se dota a las instalaciones de medidas de seguridad eficaces. Todo, menos seguir gritando ¡sabotaje!