Sánchez debe ser claro sobre la amnistía

Parece evidente que el hecho de que distintos portavoces parlamentarios de Junts y ERC hayan asegurado que la cuestión de la amnistía es una «línea roja» en la investidura de Pedro Sánchez significa que, al menos, en el ánimo del candidato socialista está procurar la concesión de esa medida de gracia, dudosamente constitucional. De lo contrario, no se explicaría que el actual presidente del Gobierno en funciones propusiera su candidatura ante Su Majestad el próximo martes, como vienen asegurando desde el PSOE.

Ahora bien, dada la trascendencia política y las notables implicaciones institucionales de tal acción, –negada, por cierto, por el portavoz socialista Patxi López– sería de desear que se actuara con la máxima transparencia con los españoles y que la opinión pública supiera sin subterfugios hasta dónde llega el precio a pagar a los separatistas catalanes por su apoyo, más aún cuando la cuestión de la amnistía nunca estuvo presente en los programas electorales con los que Pedro Sánchez se presentó a las urnas el pasado 23 de julio.

No vamos a entrar ahora en la constitucionalidad de una ley de tal naturaleza, que supone, claramente, una desautorización al Poder Judicial, entre otras cuestiones, porque damos por sobreentendido que bajo la presidencia de Conde Pumpido, un Tribunal Constitucional de mayoría progresista puede hacer malabares jurídicos, pero sí conviene advertir que el respaldo legal de la amnistía, suponiendo su constitucionalidad, de una ley orgánica, puesto que choca con varias disposiciones de la Carta Magna, exige una norma de ese rango para ser enervada. Es decir, ni una ley de base ni, mucho menos, un decreto ley serían suficientes, siempre, claro, que el retorcimiento de las leyes se mantuviera dentro de lo estético, asunto dudoso, dada la trayectoria de la coalición de gobierno social comunista que se pretende reeditar. Una ley orgánica exige mayoría absoluta del Congreso, pero lo más importante son las garantías de su tramitación, paso por el Senado incluido, que permitirá a los ciudadanos saber a qué atenerse.

También cabe que el candidato socialista, una vez investido, deje ad calendas grecas la aprobación de la nueva ley de amnistía, –que debería ser parcial y afectar sólo a los golpistas del procès, aunque con Bildu de por medio, cuyos votos también son decisivos para Sánchez, nunca se puede estar seguro– por más que el ex presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, se asegure de tener un acuerdo por escrito. En cualquier caso, no sería nada irreparable, puesto que la debilidad parlamentaria de un gobierno como el que pretende reeditar Sánchez es una oportunidad irrenunciable para unas formaciones nacionalistas que vienen perdiendo apoyos electorales en las últimas convocatorias a urnas y que tienen que dirimir su hegemonía autonómica.