Sánchez da por hecha la amnistía en el TC

Parece que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, tiene atada y bien atada su reelección, hasta el punto de que en fuentes socialistas se señala la fecha del 8 de noviembre próximo para celebrar la sesión de investidura en el Congreso. Tanta seguridad sólo puede proceder del convencimiento de que el Tribunal Constitucional allanará el camino a una medida de gracia tan discutida como discutible y de que los nacionalistas de Junts se mueven en la misma onda, es decir, en que la actual mayoría progresista del alto tribunal se avendrá a respaldar sus exigencias.

Nada podríamos decir en cuanto a los cálculos gubernamentales si estos vinieran avalados por una interpretación sólida y general del mundo jurídico y político español sobre la constitucionalidad de la amnistía, incluso, de un respaldo mayoritario de la opinión pública nacional, pero no es el caso. La realidad, es que la mayoría de los especialistas en Derecho han expresado sus serias y documentadas dudas sobre la propuesta de gracia, al igual que la mayor parte de las asociaciones profesionales de la Judicatura y la Fiscalía. El propio candidato socialista ha reconocido paladinamente que la amnistía no es más que hacer de la necesidad virtud y que el fin, el sostenimiento de un gobierno "progresista", justifica los medios.

De ahí que nos creamos en la obligación de advertir que el reverso de la confianza que desprende el Gobierno es la indeleble sospecha que caerá sobre el Tribunal Constitucional de actuar al servicio de los intereses partidistas sobre el ordenamiento jurídico democrático, que protege los derechos y libertades de los españoles, entre ellos, el de igualdad ante la ley. Más aún, cuando el Ejecutivo de coalición social comunista no dejó de traslucir su empeño y sus prisas para llevar a cabo una renovación de los miembros del TC con los que conformar una mayoría de "sensibilidad progresista", prisas que, por cierto, desaparecieron como por ensalmo cuando se debía elegir al juez que correspondía al Senado, de mayoría conservadora, cuya plaza aún sigue vacante.

Tampoco ayuda, precisamente, a dar una imagen de imparcialidad y solvencia jurídica que entre esa mayoría progresista figuren tres personas que han desempeñado notables funciones en gobiernos y administraciones socialistas, incluido, por supuesto, el propio presidente del Tribunal. En este sentido, el empeño por encima de cualquier consideración de Pedro Sánchez en mantenerse en La Moncloa está suponiendo un coste demasiado elevado para la imagen de las instituciones democráticas españolas, que, sin duda, afrontarán una grave crisis de credibilidad. Ni que decir tiene que la amnistía, forzada por una absoluta minoría de la representación parlamentaria de la Nación, no es algo que la ciudadanía acepte de buen grado. Tendrá que resignarse, pero nunca comulgará con esa infame piedra de molino.