Sánchez es la línea de rotura, no Puigdemont

Ni el relato victimista ni el memorial de agravios ni el delirante manoseo de la Constitución ni, mucho menos, la panoplia de exigencias «irrenunciables» que constituyó el eje de la intervención, ayer, del ex presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, suponen novedad alguna o aportación inédita al discurso independentista del nacionalismo catalán. El hecho nuevo es que los seis escaños de Junts en el Congreso de los Diputados son la llave para que Pedro Sánchez consiga superar el debate de investidura y reeditar el gobierno de coalición con los comunistas de Sumar.

Por supuesto, tampoco ninguna de las exigencias planteadas por el fugitivo de Waterloo tienen encaje en el ordenamiento jurídico español, –por cierto, muy alejado del viejo orden estamental que tanto echa de menos el dirigente de Junts–, ni pueden ser admitidas desde cualquier punto de vista, comenzando por el reconocimiento de que la democracia española nunca ha desdeñado las libertades de Cataluña y se ha limitado a activar los mecanismos constitucionales para defender los derechos de sus ciudadanos cuando estos se han visto inicuamente atacados por quienes más obligados estaban a defenderlos.

No cabe, pues, otra respuesta que la educada negativa a mantener cualquier conversación de naturaleza política con quien niega la legitimidad del Estado y se ha sustraído a la acción de la Justicia, como sí ha hecho el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. De ahí, que la posible línea de rotura del vigente sistema constitucional haya que buscarla en la naturaleza de la respuesta que ofrezca el candidato socialista a las pretensiones de Puigdemont, y no solo.

En este sentido, no deja de causar legítima preocupación entre el conjunto de la opinión pública las elusiones del núcleo del problema planteado por parte de los portavoces gubernamentales, en especial, las apelaciones «al diálogo» de la ministra en funciones Isabel Rodríguez, que se demostró incapaz de dar una respuesta directa al discurso del dirigente nacionalista, compensado, aunque sólo sea afectivamente, por las rotundas declaraciones del ex presidente del Gobierno Felipe González, desestimando tanto la constitucionalidad de la amnistía como, por supuesto, el reconocimiento al derecho de autodeterminación.

Ahora se exterioriza en toda su gravedad el error buscado de la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, con sus cumplidos a Puigdemont, a quien ha dado carta de naturaleza política. Pedro Sánchez no debería escudarse en el silencio calculado, a la espera de un giro providencial en los acontecimientos, mientras tantea vías legales alternativas al espíritu y la letra de la Constitución. Porque, además, los plazos impuestos son perentorios. Núñez Feijóo le ha mostrado el único camino posible ante el delirio separatista.