Policías nacionales, inspectores de Hacienda, de Trabajo y de la Seguridad Social, interventores y auditores del Estado se unieron ayer a jueces y fiscales en defensa de los principios de independencia, imparcialidad y profesionalidad que deben caracterizar a todos los servidores del Estado y que, hoy, consideran seriamente amenazados. No son, pues, sólo los miembros de la Judicatura y la Fiscalía quienes alertan de una acción de gobierno que, buscada o no, llevará a devaluar la carrera profesional de la Magistratura, de la misma forma que se anuncian segregaciones en otros cuerpos del Estado, como es el caso de los secretarios municipales, para atender demandas nacionalistas que pretenden el control propio de las funciones que desempeñan esos mismos cuerpos de funcionarios estatales.

Es buena parte de la de la sociedad civil la que protesta, alarmada por la colonización de las Instituciones del Estado por parte del Poder Ejecutivo y, también, por la dejación de sus atribuciones como Administración central. Sin duda, es la afección al Poder Judicial el objeto de mayor preocupación, puesto que de la propuesta legislativa del anteproyecto de reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, la llamada «Ley Bolaños», no sólo se pretende la equiparación de un millar de profesionales interinos sin pasar por la correspondiente oposición, sino, lo que parece mucho más grave, se quiere habilitar un centro de preparación de opositores directamente dependiente del Gobierno, lo que supone tener al Poder Ejecutivo interviniendo en la selección de los miembros del Poder Judicial, con el consiguiente riesgo de selección ideológica de los futuros jueces y fiscales de nuestro país, como denunciaron ayer ante la sede del Tribunal Supremo las cinco asociaciones mayoritarias de la Judicatura y la Fiscalía.

La misma alarma suscita la reforma de la instrucción penal, pero no por las dudas sobre la capacidad de los miembros del Ministerio Público para desempeñar esa función hoy reservada a los jueces, que no hay ninguna, sino porque, además, se refuerza el principio jerárquico del fiscal general del Estado, que seguirá siendo elegido por el Gobierno. Y todo ello, nos recuerdan jueces y fiscales, sin una demanda social previa, apurando los plazo al máximo y cuando la Justicia mantiene abiertos varios procesos indagatorios por supuestas prácticas corruptas a personas directamente vinculadas con el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, con el partido socialista o con el propio Gabinete.

Salvando las distancias, no tenemos noticia de que a los anteriores gobiernos populares se les ocurrieran unas reformas de tal naturaleza cuando se enfrentaban a sus propios casos de corrupción. Jueces y fiscales pidieron ayer comprensión ante la huelga que van a mantener los próximos días. Por supuesto que la tendrán. Se movilizan en defensa de todos los ciudadanos.