ERC
Los beneficios de Aragonès como expresident: más de 9.000 euros al mes y pensión vitalicia
El aún president en funciones tendrá derecho a disfrutar de una oficina con presupuesto y personal para atender sus necesidades con "honorabilidad" y "decoro"
Pere Aragonès ha anunciado este lunes que pone punto y final a su trayectoria como dirigente en la primera línea de ERC después del descalabro de este pasado domingo en el que han perdido 12 escaños y se ha disipado cualquier posibilidad de que volviera a ser president de Cataluña.
Los expresidentes catalanes tienen una serie d derechos que les fueron otorgados por la Ley del Estatuto de los ex presidentes de la Generalitat en 2003, cuando aún gobernaba CiU y Jordi Pujol.
El objetivo de los retribuciones y recursos materiales que le concederá la administración catalana a Aragonès cuando cese del cargo en el que está en funciones es garantizar que sean capaces de "atender sus necesidades personales y política con la dignidad y el decoro" que, se señala, le corresponde a todo aquel que haya sido mandatario autonómico de la región catalana, pero también como una "medida de protección" para su familia.
Durante los casi dos próximos años el dirigente republicano percibirá 9.079,50 euros al mes (108.942 euros al año) como asignación que le corresponde por el tiempo que ha estado al frente de la Generalitat y que representa el 80% de su sueldo actual al que tiene derecho.
También, más a largo plazo, por haber sido en algún momento president, Aragonès será el beneficiario de una pensión vitalicia igual al 60% del salario del presidente catalán. Podrá ingresar este dinero cuando cumpla 65 años. Actualmente, serían unos 81.706 cada doce meses, unos 6.808,85 euros por mes.
Ambas retribuciones públicas son incompatibles, sin embargo, con el desempeño de otro cargo público, una actividad privada o ser miembro del consejo de administración privado o público.
Asimismo, tendrá que presentar una declaración de actividades ante la administración catalana que será publicada con carácter anual en el Portal de Transparencia de la Comunidad.
El próximo Gobierno tendrá que ser quien facilite a Aragonés los fondos públicos necesarios y recursos humanos que formaran su oficina y decidirá si tendrá o no escolta y el sistema de seguridad que se le concederá. Según el régimen estatuario de los expresidentes, tendría tres trabajadores, un coche oficial con chófer y al menos un escolta a su disposición.
Los expresidentes, en contraprestación, están obligados a remitir anualmente al Parlament una memoria de las actividades en las que hayan participado, que más tarde también se debe publicar en el Portal de Transparencia para que los ciudadanos tengan pleno acceso a ellas.
Aragonès podría renunciar, si quisiese, a todos estos beneficios que le concede el dejar de ser president por el hecho de haberlo sido. Solo tendría que presentar un escrito en el que comunica su decisión de no contar con estos derechos.
Pero el Parlament también podría retirárselos si hay una mayoría de dos terceras partes y se considera que ya no ostenta la "honorabilidad necesaria" que debe ostentar un expresident o por una condena penal en firme. Tiene derecho el president al que se le quieren despojar de sus privilegios a comparecer en la Cámara autonómica y manifestar su posición sobre la intención de las fuerzas políticas.
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