Correa suma una nueva condena: tres años de prisión por la “trama Gürtel” en Jerez

La Audiencia concluye que obtuvo “ilícitamente” tres contratos para promocionar a la ciudad en Fitur 2004

La Audiencia Nacional ha condenado a Francisco Correa a tres años de cárcel y siete de inhabilitación como cooperador de un delito continuado de prevaricación y otro de falsedad cometida por funcionario público en relación a la adjudicación de tres contratos a las empresas de la “trama Gürtel” vinculados a la presencia de la ciudad de Jerez en la edición de Fitur de 2004. Idéntica pena impone a su número dos, Pablo Crespo, mientras que para los otros dos condenados, Javier Nombela y Felisa Isabel Jordán (empleados de esas sociedades), las penas son de dos años y tres meses y un año y dos meses, respectivamente. El tribunal, presidido por la magistrada María José Rodríguez Duplá, les absuelve sin embargo de fraude a la Administración y de falsedad en documento mercantil y aplica a todos ellos la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas (a la que se suma la de colaboración en el caso de Jordán). Otros cinco acusados (funcionarios del Ayuntamiento) han sido absueltos al haber prescrito los delitos imputados.

Los magistrados consideran probado que el líder de la “trama Gürtel”, aprovechándose de sus contactos en el Consistorio de Jerez, “obtuvo ilícitamente” la adjudicación de esos tres contratos vinculados a la Feria Internacional de Turismo de 2004 a favor de dos de sus empresas, Special Events y Down Town Consulting, por un total de 214.028 euros, que se encargaron del montaje del expositor de Fitur, y de organizar un espectáculo ecuestre celebrado en la plaza Mayor de Madrid y un espectáculo flamenco en los jardines de Cecilio Rodríguez en el madrileño parque de El Retiro.

Plagado de ilegalidades

La adjudicación por parte del Instituto y Desarrollo de Jerez -organismo autónomo, dependiente del Ayuntamiento- “se hizo directamente vulnerando la normativa de contratación pública y sus principios de publicidad, concurrencia, igualdad, objetividad y transparencia, que exigía la tramitación de un concurso público”, señala la Sala. De hecho, recuerda el tribunal, todas las gestiones necesarias para la ejecución de esos eventos se llevaron a cabo antes de que se adjudicaran los contratos el 15 de enero de ese año.

Una vez prestados los servicios y terminada la feria, con el fin de encubrir la directa adjudicación y dotarla de una apariencia de legalidad, se procedió a confeccionar formalmente los correspondientes expedientes de contratación fechando con anterioridad las actuaciones e “incurriendo en sucesivas infracciones de la normativa administrativa”, recalca el tribunal. Unos expedientes que, además, estaban “plagados de ilegalidades y arbitrariedades para sortear los controles de legalidad”. La Audiencia ve en estos hechos una manifestación más del modus operandi de la “trama Gürtel” en el periodo investigado, entre 1999 y 2009, en el que cada acusado ejercía un papel bajo las órdenes de Correa, que era quien captaba el negocio para que sus empresas lo ejecutaran.

Aunque los funcionarios que se sentaron en el banquillo “colaboraron en formalizar una adjudicación totalmente ilegal y arbitraria” y lo hicieron con “pleno conocimiento y voluntad”, el tribunal los absuelve porque el procedimiento se dirigió contra ellos cuando los hechos ya habían prescrito. No obstante, reseña que su contribución fue “eficaz y decisiva” en la elaboración de esos expedientes elaborados tras terminar Fitur y fechados anteriormente.

Con esa actuación, subraya la Audiencia, se vulneró “de forma evidente la normativa de contratación pública y los principios que deben regir en la misma, publicidad y concurrencia, con un resultado injusto para otras posibles empresas que hubieran podido presentarse al concurso público”, incurriendo en el delito de prevaricación.