La investidura de Sánchez
Sánchez responde a la entrevista de Junqueras en LA RAZÓN volviendo a Pedralbes
El presidente recupera la retórica pactada con el soberanismo en la que el «diálogo» se encuadra en la «seguridad jurídica» y no en la Constitución
Cualquier movimiento que se registra en los últimos días se entiende en clave clarificadora de cara a la investidura de Pedro Sánchez. Más, si cabe, cuando lo realiza su protagonista que había vuelto a sumirse en la opacidad y el silencio más absolutos, después de la sobreexposición electoral a que le obligó la campaña del 10-N. La entrevista en LA RAZÓN de Oriol Junqueras a LA RAZÓN desde la cárcel de Lledoners sirvió ayer para sentar las condiciones que establece ERC para facilitar su apoyo y el presidente en funciones recogió el guante desde Bruselas, rebajado la presión que se intenta imponer desde las filas independentistas. Sánchez evitó la actitud esquiva y reconoció abiertamente que la pretensión de ERC de condicionar sus votos en la investidura a la existencia de una «mesa de diálogo entre gobiernos» era una demanda dentro de los «extremos ya conocidos» y que casa con la «posición que ha mantenido Esquerra en las últimas semanas». Sin descartar que este foro llegue a producirse, el presidente en funciones hizo hincapié en que –independientemente del formato que se articule– el «diálogo tiene que ser el método para resolver el conflicto» que se vive en Cataluña y que, en todo caso, debe realizarse en el «marco de la seguridad jurídica que otorgan las leyes democráticas que tenemos».
Esta enunciación no pasó desapercibida porque supone recuperar la literalidad del texto pactado entre el Gobierno y la Generalitat hace un año en la cumbre de Pedralbes. Entonces, y para evitar dejar por escrito alusión alguna a la Constitución, se aseguraba que «deben seguir potenciándose los espacios de diálogo que permitan atender las necesidades de la sociedad y avanzar en una respuesta democrática a las demandas de la ciudadanía de Cataluña, en el marco de la seguridad jurídica». La asunción, por parte del presidente en funciones, de la retórica pactada con el independentismo supone un nuevo gesto, de los muchos que está desplegando el Ejecutivo para tratar de atraer a Esquerra a una posición facilitadora de la investidura lo antes posible. Entre ellos, Moncloa sigue estudiando y mantiene en «stand by» los recursos ante el Tribunal Constitucional de las resoluciones del Parlament que contravienen sus disposiciones.
Esta actitud hacia los republicanos contrasta con la que se despliega en la misma comparecencia hacia Quim Torra. En Moncloa existe malestar por la forma en que se respondió al anuncio de Sánchez de ponerse en contacto con todos los presidentes autonómicos, incluido el de la Generalitat. Una argucia que buscaba normalizar esa llamada que tanto lleva demandando la Generalitat con escaso éxito. «Me llama la atención que quien reclama diálogo, rechace el diálogo con él y todos los presidentes autonómicos», criticó, al tiempo que aseguró que el diálogo que propone el Gobierno no es «excluyente, sino incluyente».
Al desconcierto que genera que ahora se reniegue de la llamada que tanto se lleva exigiendo, por no dispensarse un trato individualizado, se une la actitud pueril de intentar torpedear la ronda misma de llamadas. Sánchez ya anunció que el orden en que estas se desarrollarían, atendería a la prelación por antigüedad de los estatutos de autonomía de las distintas regiones y se había pactado con el equipo del lendakari Iñigo Urkullu, a quien corresponde telefonear en primer lugar, que se procedería hacerlo el martes a las 10 de la mañana. Sin embargo, en una conversación similar el equipo de Torra ha asegurado que el president solo podrá atender a Sánchez a las 8 del martes, intentando forzar que su contacto fuera el primero. Finalmente, Moncloa ha tenido que adelantar los contactos y Sánchez llamará a Torra a las 9:15, pero primero telefoneará al presidente del País Vasco.
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