El juez de Rato asume también la custodia de las grabaciones

El juez de Madrid Antonio Serrano Arnal, que instruye la causa donde se investiga el origen del patrimonio de Rodrigo Rato, asumirá, en un principio, la denuncia que presentó el PP por los hechos sucedidos en el aeropuerto de Barajas la noche del 20 de enero, cuando el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, se reunió con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien tiene prohibido pisar suelo de la Unión Europea.

En un principio, la denuncia había correspondido al juzgado número 47 de Madrid, del que es titular Adolfo Carretero, pero al comprobar que la misma se registró después de la querella presentada por el Partido Laócrata, donde se vienen a coincidir en los mimos hechos denunciados, decidió ayer inhibirse en favor del Juzgado de Instrucción número 31, que fue a quien correspondió por reparto la citada querella.

En este sentido, Serrano Artal incoó diligencias previas al recibir la querella del mencionado partido político y como primera medida le ha requerido par que aporten los estatutos del partido y las cuentas presentadas ante el Tribunal de Cuentas. Una vez tenga esos datos, procederá a fijar la fianza correspondiente para que pueda ejercitar la acción popular en ese procedimiento. Si, finalmente, opta por abrir una investigación sobre lo sucedido esa noche en el aeropuerto de Barajas, la Fiscalía deberá archivar las diligencias que tiene abiertas sobre esos mismos hechos.

Junto a ello, deberá decidir si finalmente asume o no la competencia. Si observa que hay similitud en los hechos denunciados la asumirá y acumulará en un único procedimiento. Si, por cualquier motivo entiende que no dan los requisitos para ello, no aceptará la inhibición y se plantearía en ese caso una cuestión de competencia que debería resolver la Audiencia Provincial de Madrid.

En todo caso, la decisión del juez Carretero de no asumir la denuncia del PP no tiene ninguna incidencia respecto a la medida cautelar que adoptó el juez de Guardia de Madrid el pasado martes, cuando ordenó a AENA –organismo que depende, precisamente, del ministerio del que es titular José Luis Ábalos– que no se destruyesen las grabaciones realizadas por las cámaras de seguridad y que, en teoría, deben recoger los momentos del encuentro del ministro Ábalos con la número 2 del Régimen de Maduro, Delcy Valdés, quien permaneció durante horas en una sala VIP hasta que embarcó a primeras horas del día siguiente en otro avión con rumbo a Doha.