Jueces, fiscalía y Ministerio aprueban un plan de choque para garantizar el funcionamiento de la Justicia

El Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y el Ministerio de Justicia han acordado esta tarde los servicios esenciales para garantizar la tutela judicial efectiva en todo el territorio nacional ante la evolución de la pandemia del COVID-19. Dichos servicios esenciales se completarán y adaptarán a lo que acuerde mañana el Consejo de Ministros en el decreto de estado de alarma anunciado por el presidente del Gobierno.

En este sentido, se mantendrán todas las actuaciones urgentes o que puedan causar un perjuicio irreparable en el caso de no celebrarse, como pueden ser los juicios donde haya presos o las medidas de protección que afecten a menores. Además, los juzgados de violencia sobre la mujer realizarán los servicios de guardia que les correspondan y, en particular “deberán asegurar el dictado de las órdenes de protección y cualquier medida cautelar en materia de violencia sobre la mujer y menores”.

Las medidas también afectan al Registro Civil, el cual prestará una “atención permanente durante las horas de audiencia” y, en particular «deberán asegurar la expedición de licencias de enterramiento, las inscripciones de nacimiento en plazo perentorio ".

Por otro lado, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha acordado hoy en sesión extraordinaria la suspensión de todas las actuaciones judiciales programadas y de los plazos procesales en el País Vasco y la Comunidad de Madrid y en los partidos judiciales de Haro (La Rioja) y de Igualada (Barcelona), a la vista de las disposiciones y recomendaciones de las autoridades sanitarias adoptadas por las autoridades competentes en relación con la pandemia de coronavirus