Justicia inicia la reforma de la Ley penal para atribuir a la Fiscalía la investigación de los procesos

El Ministerio de Justicia ha iniciado hoy los trabajos para la elaboración de una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) que sustituya a la vigente, aprobada en su redacción inicial en 1882. Una de las novedades más importante será que atribuirá al Ministerio Fiscal la investigación de las causas penales y se instaurará la figura del juez de garantías. El ministro Juan Carlos Campo ha ordenado esta mañana la creación de la comisión de expertos que se encargará de la elaboración del anteproyecto y ha mantenido una reunión por videoconferencia con quien será presidente y coordinador de los trabajos, el magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid Juan José López Ortega -quien fue sancionado por el CGPJ junto a otros dos jueces por acordar la libertad de narcotraficante y absuelto posteriormente por el Tribunal Supremo- , miembro del Comité contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas.

El titular de Justicia se comprometió en el Congreso el pasado mes de febrero a que este mismo año llevaría al Congreso de Ministros el texto del anteproyecto de esa reforma, para, posteriormente, recabar los informes preceptivos al Consejo General del Poder General, Fiscalía General del Estado y Consejo de Estado e iniciar la tramitación parlamentaria.

Las líneas generales del nuevo anteproyecto adaptarán el actual modelo de proceso penal al de la mayoría de países de nuestro entorno, dejando la instrucción en manos del fiscal y creando la figura del juez de garantías y tendrá como uno de sus objetivos agilizar el proceso penal y ”dar una respuesta a modalidades delictivas cada vez más complejas”.

Justicia considera que el nuevo sistema liberará a los jueces y magistrados de la investigación de los delitos para que puedan centrarse en el ejercicio de su jurisdicción reforzando su independencia, toda vez que el peso de la investigación lo asumirán los fiscales. La futura reforma también perseguirá mejoras en la tutela de los derechos de las víctimas, así como la introducción de nuevos medios de investigación tecnológica y nuevas garantías en materia de protección de datos y derechos digitales, entre otros objetivos.

En su intervención en el Congreso justificó la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en la necesidad de contar con una regulación moderna y justa que garantice un enjuiciamiento penal plenamente adaptado a los principios constitucionales, superando de una vez una legislación decimonónica y desbordada por la realidad procesal. Una reforma que calificó de “reto nacional” y que garantizó que se hará “escuchando a todos” y atendiendo a la experiencia de juzgados y tribunales y la jurisprudencia del Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional