Fiscalía insta a Justicia a derogar de forma inmediata el establecimiento de plazos para las investigaciones penales

La Fiscalía General del Estado ha propuesto las primeras 30 medias urgentes de un total de 60, con el fin de agilizar la Justicia en el proceso de desescalada, entre las que se incluye una mención especial a la derogación del sistema de plazos de instrucción del artículo 324 de la Ley de enjuiciamiento criminal, al considerar que el mismo “solo entorpece la acción de la justica y favorece la impunidad del delito”. Esta supresión había solicitada por los cinco vocales de la Asociación de Fiscales en un carta remitida el pasado día 15 a la fiscal general del Estado, Dolores Delgado.

En este paquete de medidas propuestos por la Fiscalía, que ha sido enviado hoy al Ministerio de Justicia, destaca la potenciación del protocolo de actuación para las conformidades en juicio, la reducción de los Juzgados que asumen competencias no exclusivas en materia de violencia sobre la mujer, así como potenciar la celebración de las vistas penales con la comparecencia por videoconferencia de los acusados.

Junto a esas medidas, la Fiscalía aboga igualmente por la actualización y puesta en marcha de los sistemas y recursos informáticos a disposición del Ministerio Fiscal y de los órganos judiciales, así como impulsar la Justicia Digital, unificando y mejorando las soluciones digitales para todo el territorio nacional y un protocolo entre la Fiscalía General del Estado y el CGPJ a fin de garantizar la utilización del sistema de videoconferencias en todos los órdenes jurisdiccionales.

Y, junto a todo ello, se aboga por establecer un sistema de señalamiento y aviso para que la espera para juicio evite aglomeraciones o concentraciones de ciudadanos y potenciar el papel de los Registros Civiles como fuente de información en la crisis del coronavirus. Es decir, para poder conocer más fehaciente el número de fallecidos por el Covid-19.

Por otro lado, la fiscal general del Estado, en un decreto dictado hoy relativo a garantizar las prestaciones a las que está obligado el Ministerio Fiscal, la necesidad de evitar en la medida de lo posible, los desplazamientos, “potenciando para ello el uso de videoconferencias y el teletrabajo”; y que la prioridad en el despacho de procedimientos no debe responder necesariamente a un orden estrictamente temporal o cronológico, como ocurre en condiciones normales, sino que procurarán priorizar en su tramitación aquellos procedimientos en los que se aprecie un interés público o social, “ tramitados por hechos en los que se vean afectados los bienes jurídicos personales de las víctimas y aquellos otros que afecten a colectivos especialmente vulnerables”