Los fiscales reclaman a Justicia que el coronavirus sea considerado “enfermedad profesional”

Aprobación de un Decreto-ley para las medidas más urgentes en un plazo máximo de 15 días tras el levantamiento del estado de alarma al que se sumará una Ley centrada en la transformación digital para mejorar la eficiencia de los procesos judiciales y planes de choque para las jurisdicciones Social y Contencioso-Administrativa, así como para los juzgados de lo Mercantil, los ámbitos en los que se espera una mayor afluencia de asuntos. Éstos serán los tres instrumentos a través de los cuales el Ministerio de Justicia prevé articular la transición a la “normalidad” en los órganos judiciales, y de los cuales ha informado hoy su titular, Juan Carlos Campo, a los representantes de las asociaciones fiscales con los que se ha reunido de forma telemática y que fueron consensuados con el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía, el Consejo General de la Abogacía y las comunidades autónomas competentes en la materia. En esa reunión, el ministro ha pedido a las asociaciones sus aportaciones para a la hoja de ruta para salir de la crisis provocada por la pandemia del Covid-19. Los fiscales, por su parte, reclaman que el coronavirus sea considerado una “enfermedad profesional”.

Durante la reunión, Campo ha expuesto a los representantes de la Asociación de Fiscales, Asociación Progresista de Fiscales y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales que el objetivo general perseguido por esta estrategia debe ser doble. Por un lado, garantizar la salud de todos los funcionarios y profesionales que prestan sus servicios en juzgados y tribunales, así como de los ciudadanos que cada día deben acudir a ellos mediante la distribución de las medidas de protección necesarias para evitar nuevos contagios; y, por otro lado, garantizar que la Justicia, como elemento fundamental para la dinamización y la recuperación económica tras el confinamiento, no se paralice.

Por su parte, la Asociación de Fiscales, ha llegar al Ministerio de Justicia sus reivindicaciones, entre las que se encuentran la de proceder a una reincorporación “progresiva y por turnos rotatorios, atendiendo a las circunstancias personales y familiares de cada fiscal” y de acuerdo a su situación personal y familiar y estado previo de salud, “incorporándose por grupos de riesgo”. Y, en todo caso, que se realicen “test previos del coronavirus al tiempo de la reincorporación”, para evitar que quienes estén infectados lo puedan contagiar a otros fiscales.

De hecho, esta asociación reclama que el coronavirus sea considerado como “enfermedad profesional” y, por ello, pretende que todos los integrantes de la Mutualidad General Judicial “sean tratados en caso de padecer estas dolencias con las máximas garantías y en plano de igualdad de prestaciones con el resto de sectores de la sociedad”.

Potenciar la conformidad

Además, y junto a la inmediata derogación de los plazos fijados para la instrucción de las causas penales –algo que ya reclamó días atrás la Fiscalía General del Estado- la Asociación de Fiscales aboga por reforzar y potenciar la conformidad en el proceso penal. Para ello “se establecerán si es necesario señalamientos específicos en los que se cite solo a los encausados (junto a abogados y partes personadas) evitando citación de testigos en los asuntos previsiblemente susceptibles de conformidad”. Esto derivaría en que un importante número de juicios se podrían incluso evitar.