Justicia estudia implantar la “cita previa” y fija en septiembre la vuelta a la “normalidad” en juzgados y tribunales

Las previsiones del Ministerio de Justicia para la “recuperación de la normalidad” en juzgados y tribunales se sitúan en septiembre, mes a partir del cual están previstos planes de choque y de refuerzo, en coordinación con el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado junto con la entrada en funcionamiento de los nuevos órganos judiciales y aquellos a la COVID-19 y la entrada en funcionamiento de nuevos órganos judiciales. Esas previsiones, en todo caso, van a depender en buena parte de la evolución de la pandemia del coronavirus. Además, tras la nueva prórroga por quince días del estado de alarma aprobada hoy por el Congreso, Justicia levantará los plazos administrativos el próximo 1 de junio y los procesales tres días después. Se prevé implantar el sistema de “cita previa”para los ciudadanos, porque sólo podrán ser atendidos, en principio, por correo electrónico o teléfono, y si su presencia fuese imprescindible sería entonces con cita previa y donde se le informaría de las medidas de seguridad que debe adoptar para acudir a la sede judicial.

Así se ha puesto de manifiesto hoy por parte del Secretario General para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia y la Directora General para el Servicio Público de la Justicia del Ministro de Justicia en la reunión, a través del sistema de videoconferencia, con las cuatro asociaciones judiciales –Asociación Profesional de la Magistratura, Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Juezas y Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente- y las tres de fiscales-Asociación de Fiscales, Unión Progresista de Fiscales y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales- para informar sobre los planes de desescalada para la Administración de Justicia ante la COVID-19.

Junto a ello, la próxima semana está previsto que comience la Fase 2 de la desescalada judicial, si así se acuerda en la reunión de la Comisión de Coordinación (integrada por Consejo General del Poder Judicial, Fiscalía General del Estado, Consejo General de la Abogacía Española y comunidades autónomas) prevista para el próximo viernes. Ello implicará una incorporación entre el 60 y 70 por ciento de las plantillas judicial, fiscal y de funcionarios, donde ya empezarán también a funcionar los turnos de tarde. Esta Fase 2 tendrá una duración de dos semanas. La fase 3 se prevé para el 8 de junio.

Como “soluciones tecnológicas”, siguiendo el modelo de otras administraciones, está en estudio la cita previa y la videoidentificación y para garantizar la publicidad de las vistas orales se quieren realizar retransmisiones en “streaming” de los juicios, empezando en el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional. En la primera semana de junio se presentará por el Ministerio de Justicia un anteproyecto de ley de eficiencia procesal en el que, entre otras medidas, hay una apuesta decidida por los medios alternativos de solución de conflictos, como la mediación y el arbitraje.

Las asociaciones judiciales, por su parte, han agradecido este tipo de reuniones organizadas por el Ministerio de Justicia, ”en contraste con el CGPJ”, a la vez que reclaman una actuación coordinada del Ministerio de Justicia, Consejo y Fiscalía General “en la deseada vuelta a la normalidad en Justicia”. Junto a ello, han insistido en que se deben garantizar garantizar las medidas de seguridad adecuadas en las sedes judiciales, así como en el rechazo de que los jueces en prácticas puedan desempeñar funciones de refuerzo, “por vulnerar claramente la independencia judicial”.