El Gobierno abre la puerta a ceder el control del Ingreso Mínimo Vital a las CC AA a partir de 2021

La última conferencia de presidentes entre Pedro Sánchez y sus homólogos autonómicos volvió a ser tensa, pero esta vez no tuvo que ver con el estado de alarma y su aplicación, cuyo control se cede ahora a las regiones, sino con el trato preferencial que se da a algunas autonomías respecto a otras como prebenda por su apoyo al Ejecutivo. El Gobierno pactó esta semana con el PNV, a cambio de su voto favorable a la sexta prórroga del estado de alarma, la cesión a País Vasco y Navarra de la gestión, desde sus haciendas forales, del Ingreso Mínimo Vital. Este hecho provocó un conato de rebelión en la citada reunión del domingo, por lo que algunos barones consideran una “discriminación”, que ha obligado al Ejecutivo a replantearse su estrategia, ante amenazas incluso de recurso al Tribunal Constitucional.

La rectificación aparece hoy recogida en el BOE que publica la entrada en vigor de la renta mínima. Se deja la puerta abierta a que el próximo año la gestión de esta medida estrella se gestione de forma individualizada por el resto de autonomías: “El Gobierno estudiará a partir de 2021 la celebración de convenios con las comunidades autónomas que contemplen fórmulas de gestión de la prestación del ingreso mínimo vital”. Esto supone un viraje respecto a lo que defendió el propio presidente en su ya habitual rueda de prensa del fin de semana. “El Ingreso Mínimo Vital es una política que pasa a formar parte de la Seguridad Social y, en consecuencia, eso garantiza la igualdad de derechos en todo el conjunto del país. Estamos estableciendo unos parámetros muy semejantes para todos los ciudadanos y en consecuencia se garantiza esa igualdad de derechos”, dijo el presidente.

Durante esta primera fase de implantación el IMV no será transferido a ninguna comunidad autónoma, salvo la dos ya pactadas, País vasco y Navarra, que gozan de haciendas forales propias, como ya adelantó ayer LA RAZÓN. Según ha explicado el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, en una entrevista en la Cope recogida por EP, solo Navarra y País Vasco podrán gestionar ya el IMV, pero que para el resto de autonomías “se abre la posibilidad a un arreglo posterior”, porque en estos momentos "hemos priorizado ser lo más eficaces posibles” y “algunas autonomías no han demostrado serlo” con prestaciones similares. Textualmente el BOE establece que, “sin perjuicio de los mecanismos de colaboración a los que se refiere el artículo 31 de este real decreto-ley, el Gobierno estudiará a partir de 2021 la celebración de convenios con comunidades autónomas que contemplen fórmulas de gestión de la prestación del ingreso mínimo vital”.

La norma también recoge la creación de una “comisión de seguimiento” del Ingreso Mínimo Vital como “órgano de cooperación administrativa” para el seguimiento de la aplicación del contenido de este real decreto-ley y de un consejo consultivo sobre la medida. Será el primer paso para que las comunidades puedan negociar con él las futuras transferencias si las hubiera.

El BOE detalla asimismo las cuantías exactas que recibirán los perceptores de esta prestación. Según el texto de la nueva norma aprobada, se garantizará “a los hogares españoles una renta mínima de 10.070 euros de media al año (839,2 euros al mes)”, aunque la cuantía dependerá “del número de miembros del núcleo familiar”, estableciendo unos parámetros entre 461,5 euros al mes para un solo adulto hasta 1.015,3 euros para familias de al menos cinco personas. El coste anual previsto para esta nueva prestación no contributiva de la Seguridad Social es de 3.000 millones de euros anuales, con los que se quiere llegar a unos 850.000 hogares en los que viven aproximadamente 2,3 millones de personas, de los que el 30% son menores.

El real decreto-ley también detalla la concesión de un crédito extraordinario en el presupuesto del Ministerio de Inclusión por 500 millones para financiar esta medida en 2020.