Justicia confirma que no hará los test del covid a los fiscales

Representantes del Ministerio de Justicia se reunieron hoy, vía telemática, con las cuatro asociaciones judiciales y las tres de fiscales para informar sobre los planes de desescalada para la Administración de Justicia ante la COVID-19, en función de la evolución de la pandemia, y responder a las preguntas que formularan los representantes de estas. En el transcurso de la misma, Justicia les ha informado de la inminente aprobación de una Orden Ministerial para activar el próximo 9 de junio la “Fase 3 del Plan de Desescalada para la Administración de Justicia” ante la COVID-19, donde, entre otros aspectos, se establecerá la incorporación del 100 por 100 de las plantillas en sus respectivos centros de trabajo, garantizando, en todo caso, las adecuadas medidas de seguridad. El Ministerio de Justicia, dentro de sus competencias, “garantizará la adecuada protección de todo el personal (con EPIs y pantallas de protección), profesionales y del público en general en las sedes judiciales y fiscalías. En los edificios se limitarán los aforos de público”.

En el transcurso de esa reunión salió a relucir la cuestión planteada por los fiscales sobre si se iban a realizar los test a los miembros de la Carrera fiscal. La respuesta no fue satisfactoria: El Ministerio de Justicia, al igual que para los Letrados de la Administración de Justicia y los funcionarios de su ámbito territorial, “no tiene intención por el momento de realizarlos por no estar prescrito por las autoridades sanitarias”, según se señala en un comunicado hecho público por todas las asociaciones judiciales y fiscales.

Por otro lado, y toda vez que este año el mes de agosto será hábil los días laborales del 11 al 31, Justicia ha informado que se van a regular las vacaciones de este verano con la finalidad de concentrar el disfrute de las mismas para la mayoría de los funcionarios en el mes de agosto, “ y permitir así que julio, y en particular septiembre, sean meses de plena operatividad”.

Las medidas de choque para reforzar la actividad judicial a partir de septiembre, tras el parón ocasionado por la crisis sanitaria, se están coordinando con el CGPJ. Entre ellas, están los planes de choque y la creación de juzgados que temporalmente atenderán los asuntos asociados a la COVID-19 (en particular, en el orden social, mercantil y contencioso-administrativo). Sobre esta cuestión, Las asociaciones profesionales reclaman una información detallada “sobre la suerte de los planes de refuerzo y comisiones de servicio vigentes o que estén previstos”.

Junto a ello, solicitan la urgente derogación del art. 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el que establece la limitación de los plazos para la investigación de las causas penales, “dada la inseguridad jurídica generada por el cómputo de los plazos del citado precepto”. Desde el Ministerio, según las asociaciones, se ha reconocido la necesidad y urgencia de esa derogación y que es un asunto que se está abordando y ha sido planteado por la Fiscalía General del Estado.

Las organizaciones profesionales de jueces y fiscales valoran muy positivamente las reuniones informativas periódicas que mantienen con Justicia, “en contraste con la absoluta falta de comunicación con el Consejo General del Poder Judicial”. A la vez, reclaman una actuación coordinada del Ministerio de Justicia, CGPJ y Fiscalía General del Estado “en la deseada vuelta a la normalidad en Justicia”, rechazan de plano que los jueces en prácticas puedan desempeñar funciones de refuerzo, “por vulnerar claramente la independencia judicial”.