El Congreso retira las medallas a “Billy el Niño” y se prepara para anular los títulos nobiliarios del franquismo

El ex inspector de la Brigada Político-Social Antonio González Pacheco, alias 'Billy el Niño, imputado en su día por delitos de torturas y lesa humanidad y fallecido el pasado 7 de mayo por coronavirus, será despojado de sus distinciones policiales, según ha decidido el Congreso de los Diputados.

La iniciativa, basada en una proposición no de ley (PNL) impulsada por Unidas Podemos y el PSOE, ha contado con el apoyo de Ciudadanos y ERC. El PP se ha abstenido y Vox ha votado en contra. La propuesta se debatió el jueves en el Pleno de la Cámara Baja, pero, como se preveía, la votación tuvo lugar hoy con 207 votos a favor, 57 en contra y 86 abstenciones.

La proposición insta al Gobierno a “revocar de forma efectiva las condecoraciones y recompensas concedidas por el Estado a funcionarios y autoridades de la dictadura franquista que, antes o después de la concesión, hubiesen realizado actos u observado conductas manifiestamente incompatibles con los valores democráticos y los principios rectores de protección de los Derechos Humanos”. Y añade que la revocación también podrá llevarse a cabo a título póstumo cuando la persona condecorada ya hubiera fallecido.

González Pacheco fue imputado por delitos de torturas y lesa humanidad en la causa criminal seguida en el Juzgado Criminal y Correccional Federal número 1 de Buenos Aires (Argentina).

El secretario cuarto de la Mesa del Congreso y diputado del PP, Adolfo Suárez Illana, rompió la disciplina de voto del Grupo Popular al votar en contra de la PNL del PSOE y Unidas Podemos. Según ha confirmado él mismo a Europa Press, ha decidido “en conciencia” desmarcarse de su partido, que ha optado por la abstención, y rechazar la iniciativa, lo que le ha llevado a coincidir con Vox.

El hijo del que fuera el primer presidente de la transición, Adolfo Suárez, ha argumentado después en un comunicado que ha decidido no seguir la consigna de su grupo parlamentario y ha preferido votar en contra por considerar que se trataba de una proposición “tramposa y engañosa, en la que tras el parapeto de hechos lamentables, manipulando los sentimientos de los españoles, se pretende hacer saltar la Constitución”.

La dirección del Grupo Popular tendrá ahora que decidir si sanciona a Suárez, como hizo en el pasado con otros diputados que se desmarcaron de la postura oficial en votaciones sobre temas como el aborto, los matrimonios entre personas del mismo sexo o el Plan Hidrológico Nacional.

Además, la iniciativa votada hoy pide que se adopten las iniciativas normativas precisas para “revisar e invalidar todas las distinciones, nombramientos, títulos honoríficos y demás formas de realzar a personas y entidades que supongan exaltación o enaltecimiento del golpe militar de 1936, la Guerra Civil y del franquismo”.

Insta además a que se elabore un catálogo de títulos nobiliarios concedidos entre 1948 y 1978, que “representen la exaltación de la Guerra Civil y dictadura, para su supresión”.

Hay que recordar que Carmen Martínez-Bordiú Franco, nieta del “Generalísimo”, es la actual duquesa de Franco. El abogado y portavoz de la familia, Luis Felipe Utrera-Molina, que tilda la iniciativa de “revisionista además de anti-histórica”, considera en declaraciones a LA RAZÓN que “no es propia de un Estado de Derecho”. Apunta el letrado que “nuestro Código Civil, en su artículo 2.3, establece el principio de irretroactividad de las leyes, y el art. 9.3 de la Constitución consagra la ´irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables”.

En su opinión, “cualquier revocacion de derechos en base a esa PNL tiene carácter sancionador y no favorable”, por lo que “toda norma que se pudiera aprobar con arreglo a lo propuesto” en esa iniciativa “sería inconstitucional”.

“Tengo entendido”, asegura Utrera-Molina, “que existe un informe de la Abogacía del Estado advirtiendo de esta ilegalidad flagrante”. En definitiva, dice temer “que esa PNL supone un ataque al Estado de Derecho, a la Constitución y a la seguridad jurídica, por lo que debería repugnar a cualquier jurista”.

Por su parte, la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF) considera que “remover el pasado no lleva a ningún buen puerto pues nos lleva a una espiral de acusaciones sin fin y sin sentido en el año 2020”. Su presidente ejecutivo, Juan Chicharro, se cuestiona si se hará lo mismo para revisar “todo cuanto enaltece los miles de asesinatos de inocentes perpetrados por sus antecesores chequistas ideológicos durante la guerra”, los “miles que produjo el maquis o los más recientes de ETA, muchos de ellos aún sin resolver”. O respecto a “promover la retirada de estatuas y calles erigidas a culpables de tanta desgracia como Largo Caballero, Santiago Carrillo o La Pasionaria” y la condena a “cuantos homenajes se hacen a etarras asesinos en sus pueblos como vemos habitualmente”.

Afirma el presidente de la FNFF que “persiste la izquierda radical en su afán revisionista con su visión sectaria y rencorosa de unos hechos ya superados por los españoles”, que "habían cerrado heridas con la transición” y sus “leyes de amnistía”. Una cuestión que en opinión de Juan Chicharro se debe al intento del Gobierno de “desviar la atención sobre los más de 40.000 muertos” que ha producido el coronavirus, “muchos de los cuales se podrían haber evitado si no hubiera sido por su negligencia e incompetencia”.